Lula amplía alivio en combustibles en plena campaña
NewsITe
A poco más de dos semanas del balotaje presidencial, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció una nueva ronda de alivios sobre los combustibles, con foco en la gasolina, el diésel y el etanol. El paquete combina recortes impositivos y subsidios directos, con un impacto calculado de R$ 5.200 millones (unos US$ 1.042 millones) en un solo mes, según datos oficiales citados por la prensa brasileña.
La medida central es la eliminación de los impuestos federales IS/Cofins y Cide sobre los combustibles, lo que implica una reducción de R$ 0,89 por litro en el precio de la gasolina. El Gobierno busca así contener el impacto de la suba del petróleo internacional en los surtidores, en un contexto marcado por la volatilidad derivada de la guerra en Medio Oriente y las tensiones en el mercado energético global.
Junto con la rebaja impositiva, se anunció un subsidio adicional para el diésel de uso vial. Los importadores pasarán a recibir R$ 1,40 por litro durante 30 días, que se suman a los R$ 2,12 por litro ya vigentes. En la práctica, el esquema de ayudas apunta a moderar los costos del transporte y, por extensión, el impacto en la logística y el precio de los alimentos y otros bienes básicos.
El paquete también contempla un refuerzo para el etanol. Se mantiene la exención fiscal de R$ 0,19 por litro para el etanol hidratado, mientras que el subsidio económico destinado a productores y cooperativas aumenta de R$ 0,25 a R$ 0,43 por litro. El objetivo oficial es preservar la competitividad de este biocombustible frente a la gasolina y sostener la cadena de valor asociada, clave en varios estados agrícolas de Brasil.
Impacto fiscal, contexto político e inflación
De acuerdo con el Ministerio de Planificación, el costo estimado de las medidas sobre la gasolina y el etanol asciende a R$ 3.600 millones (equivalentes a unos US$ 722 millones) en un período de 30 días. A ello se suma el subsidio adicional al diésel importado, calculado en R$ 1.600 millones (unos US$ 321 millones) para el mismo lapso. En total, el impacto mensual redondea los R$ 5.200 millones.
Las autoridades aseguran que ese gasto extraordinario será compensado por mayores ingresos derivados de la renta petrolera de la Unión, lo que permitiría mantener la neutralidad fiscal. “Todas las medidas son temporales, válidas únicamente hasta 2026, y podrán ser revisadas en función de la situación y de la disponibilidad presupuestaria y financiera”, indicó la cartera de Planificación en un comunicado.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, rechazó que la batería de anuncios tenga un objetivo estrictamente electoral, pese a que llega en plena recta final de la campaña y con el oficialismo buscando recortar la ventaja en las encuestas del senador Flávio Bolsonaro. Según sostuvo, la prioridad del Ejecutivo es amortiguar el traslado a los consumidores de la suba del crudo Brent, que se mantiene en torno a los US$ 104 por barril, cerca de un 60% por encima de los niveles de hace un año.
- Reducción de R$ 0,89 por litro en la gasolina mediante baja de impuestos federales.
- Subsidio total al diésel importado de hasta R$ 3,52 por litro por 30 días.
- Refuerzo al etanol, con aumento del subsidio para productores y cooperativas.
- Impacto fiscal global de R$ 5.200 millones cubierto con ingresos petroleros.
“Lo que hemos observado en nuestra evaluación casi diaria es que los precios siguen ejerciendo una presión considerable sobre el mercado… No participamos de una guerra del combustible, sino que trasladamos a la población los beneficios de la ausencia de nuevos aumentos”, señaló el ministro Dario Durigan.
En el ala política del gobierno, sin embargo, reconocen que mantener contenidas las tarifas en el surtidor es estratégico para el desempeño electoral de Lula. La combinación de subsidios, exenciones y ayudas sociales, como el reciente incremento del 15% en el programa Bolsa Família y el anuncio de distribución de medicamentos para bajar de peso a través del sistema público de salud, configura un paquete de estímulos que el oficialismo presenta como respuesta a la inflación y al deterioro del poder adquisitivo en Brasil.
