Washington suma a la CPI a su lista oficial de sanciones
NewsITe
El Gobierno de Estados Unidos resolvió este viernes incluir a la Corte Penal Internacional (CPI) en su lista de entidades sancionadas, una decisión que eleva la tensión con el tribunal con sede en La Haya y vuelve a poner en el centro del debate el alcance de la justicia penal internacional.
La medida, informada por el Departamento del Tesoro en Washington, traslada el foco desde funcionarios específicos de la Corte hacia la institución en su conjunto. De esta manera, la CPI pasa a integrar la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés), lo que implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y fuertes restricciones para cualquier transacción con personas o empresas de ese país.
Según la notificación emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), toda operación financiera que involucre a la CPI y tenga nexo con Estados Unidos quedará sujeta a supervisión y, en la mayoría de los casos, prohibida. Esto alcanza desde transferencias bancarias y pagos por servicios hasta contratos con firmas tecnológicas o consultoras radicadas en territorio norteamericano.
Licencias temporales y excepciones previstas
En paralelo al endurecimiento de la política hacia la Corte, el Tesoro anunció la emisión de cuatro licencias generales que habilitan ciertas actividades acotadas. Entre ellas se destaca una autorización por 180 días para operaciones consideradas esenciales para mantener en funcionamiento a la institución, como el pago de servicios básicos o contratos imprescindibles para su operatoria cotidiana.
Las licencias contemplan además excepciones para servicios de tecnología informática, la administración del plan de pensiones del personal de la CPI y tareas vinculadas con la custodia y tratamiento de las personas detenidas bajo su órbita. Fuentes diplomáticas interpretan estas salvedades como un intento de Washington de evitar una paralización total del organismo, al tiempo que ejerce presión política sobre su conducción.
Dura respuesta de la Corte Penal Internacional
La reacción desde La Haya fue inmediata. En un comunicado oficial, la Corte rechazó en términos contundentes la decisión de Estados Unidos y la consideró un cuestionamiento directo al andamiaje jurídico construido tras la Segunda Guerra Mundial.
“Es un ataque contra el Estado de derecho y contra los cimientos mismos del orden legal internacional, lo cual atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley”, sostuvo la CPI, al remarcar que la nueva designación no la disuadirá de cumplir su mandato.
La Corte recordó que su misión es investigar y, en su caso, juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Para organismos de derechos humanos y especialistas en derecho internacional, este tipo de sanciones podría debilitar la cooperación con el tribunal y enviar una señal de deslegitimación en momentos en que proliferan conflictos armados y graves violaciones a los derechos fundamentales.
En América Latina, analistas consultados advierten que la escalada entre Washington y la CPI podría tener impacto en causas sensibles para la región, en la medida en que algunos Estados evalúan recurrir a la Corte ante situaciones de violencia institucional o crisis humanitarias. El desenlace de este nuevo capítulo será seguido de cerca por cancillerías y organizaciones internacionales en los próximos meses.
