La Cámara alta bonaerense unificó la iniciativa que había obtenido media sanción en Diputados con una propuesta de la senadora Laura Clark, incorporando modificaciones en el alcance del programa provincial, las conductas consideradas violencia digital y las herramientas de prevención. El nuevo texto deberá regresar a Diputados para conseguir su sanción definitiva. En San Nicolás, el Concejo Deliberante ya había expresado su respaldo a la propuesta.
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó con modificaciones la denominada Ley Ema, una iniciativa destinada a prevenir y abordar situaciones de violencia digital dentro de las instituciones educativas. Los cambios surgieron de la unificación del proyecto impulsado por Mayra Mendoza, que había obtenido media sanción en Diputados a fines de agosto, con una propuesta presentada por la senadora Laura Clark, ambas de Fuerza Patria.
La modificación central consistió en incorporar al texto original la estructura del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado Programa EMA. Aunque la propuesta que había aprobado Diputados ya contemplaba herramientas de prevención, capacitación y protocolos escolares, la unificación permitió ampliar el desarrollo de las medidas y establecer un programa específico para su aplicación en las instituciones educativas bonaerenses.
El nuevo esquema comprende a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, equipos directivos y familias de establecimientos públicos y privados. De esta manera, no limita las herramientas de prevención a los alumnos, sino que incorpora a los distintos integrantes de la comunidad educativa que pueden intervenir ante situaciones de acoso, hostigamiento o difusión de contenidos privados sin consentimiento.
Nuevas conductas contempladas y cambios en las escuelas
Otra de las modificaciones introducidas por el Senado fue la ampliación de las conductas comprendidas dentro de la violencia digital. El texto aprobado incluye la obtención y difusión no consentida de imágenes íntimas, tanto reales como modificadas mediante inteligencia artificial, además de la distribución de material de abuso sexual infantil, los discursos de odio misóginos, las amenazas, la extorsión digital y el espionaje de la actividad virtual.
La definición también contempla el acceso no autorizado a dispositivos o cuentas personales y la difusión de información privada sin consentimiento. Estas incorporaciones buscan que las instituciones educativas puedan reconocer distintas formas de agresión que se producen mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros entornos digitales, incluso cuando comienzan fuera de las escuelas y terminan afectando a integrantes de la comunidad educativa.
En materia de prevención, el texto mantiene la incorporación de contenidos vinculados con ciudadanía digital, consentimiento, privacidad y derechos digitales dentro del sistema educativo provincial. A estas herramientas se suma un abordaje más amplio de la inteligencia artificial, la prevención de delitos digitales y la actualización de los protocolos que deberán utilizar las escuelas para intervenir ante situaciones de violencia.
Las modificaciones también profundizan el enfoque de acompañamiento a las víctimas y la capacitación de docentes y directivos, con el objetivo de que las instituciones cuenten con herramientas para detectar estas situaciones y actuar sin exponer nuevamente a los estudiantes afectados. La propuesta prioriza una respuesta educativa y reparadora, mediante acompañamiento pedagógico y psicológico, en lugar de limitar la intervención escolar a medidas sancionatorias.
El respaldo de San Nicolás y el regreso a Diputados
La Ley Ema fue impulsada originalmente por Mayra Mendoza, integrante de Fuerza Patria, espacio político al que también pertenece la diputada provincial nicoleña Evelyn Flores. El proyecto surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se quitó la vida en agosto de 2024 después de que imágenes íntimas suyas comenzaran a circular sin consentimiento entre compañeros de su escuela. Su madre, Laura Sánchez, participó en la elaboración de la iniciativa junto con organizaciones especializadas en violencia digital.
En San Nicolás, el bloque Fuerza Patria presentó ante el Concejo Deliberante el expediente 18.548/2026 para que el cuerpo legislativo local expresara su acompañamiento al proyecto provincial. La propuesta ingresó durante la sesión del 27 de agosto, recibió modificaciones en la Comisión de Legislación General y finalmente fue aprobada por unanimidad el 10 de septiembre, en coincidencia con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Aquel respaldo del Concejo tuvo carácter institucional y no implicó la aplicación de las medidas en las escuelas de San Nicolás, ya que la iniciativa todavía debe completar su recorrido legislativo provincial. Con los cambios incorporados por el Senado, el proyecto regresará ahora a la Cámara de Diputados, que deberá pronunciarse sobre las modificaciones antes de que pueda alcanzar su sanción definitiva.
