El Senado provincial dio media sanción a un proyecto que habilita la intervención policial a partir de la geolocalización de teléfonos sustraídos. La iniciativa también establece controles sobre los comercios que compran, venden y reparan dispositivos usados, con el objetivo de combatir el mercado ilegal.
La provincia de Santa Fe avanza con una nueva legislación destinada a combatir el robo de teléfonos celulares y facilitar su recuperación mediante herramientas de geolocalización. El Senado provincial dio media sanción a un proyecto que permitirá a la Policía intervenir de manera inmediata cuando la víctima consiga localizar su dispositivo, además de establecer controles sobre los negocios dedicados a la comercialización y reparación de equipos usados.
La iniciativa, denominada Ley de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, fue impulsada por el senador Ciro Seisas, presidente de la Comisión de Seguridad. Según informó Rosario3, el proyecto busca resolver las dificultades que actualmente enfrentan las fuerzas policiales cuando una persona denuncia el robo de su teléfono y aporta información precisa sobre su ubicación.
Cómo funcionará la nueva ley en Santa Fe
Uno de los principales cambios que propone la legislación consiste en incorporar la geolocalización de dispositivos robados como un supuesto de flagrancia. De esta manera, cuando una víctima consiga rastrear su teléfono mediante las aplicaciones disponibles, la Policía contará con una herramienta legal específica para intervenir rápidamente.
“Hoy pasa que la víctima rastrea su celular, sabe dónde está, llama a la policía y no pueden actuar porque no hay un marco legal claro. Esto lo resuelve”, explicó Seisas en declaraciones publicadas por Rosario3.
La modificación apunta a reducir los tiempos de respuesta frente a este tipo de delitos, especialmente cuando los dispositivos permanecen encendidos y permiten conocer su ubicación. Sin embargo, la iniciativa todavía necesita completar su tratamiento legislativo para convertirse en ley, por lo que las nuevas facultades no se encuentran vigentes.
La intervención policial también deberá respetar las garantías constitucionales y las disposiciones aplicables a los allanamientos. La geolocalización de un dispositivo no implica, por sí sola, una autorización general para ingresar a cualquier domicilio sin orden judicial.
Santa Fe también busca controlar la venta de celulares usados
El proyecto incorpora un segundo eje destinado a combatir la comercialización de teléfonos robados. Para ello, propone crear un Registro Provincial obligatorio en el que deberán inscribirse los establecimientos dedicados a comprar, vender o reparar dispositivos usados.
Los comercios tendrán que registrar cada operación mediante el número IMEI, un código que permite identificar individualmente los teléfonos celulares, junto con los datos de quienes entregan o comercializan los equipos. El objetivo es establecer un sistema de trazabilidad que permita reconstruir el recorrido de los dispositivos e identificar posibles operaciones ilegales.
La normativa contempla inspecciones, inmovilización de equipos y clausuras ante incumplimientos de las obligaciones establecidas. También incorpora modificaciones al Código de Faltas y mecanismos de cooperación con el Ministerio Público y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
“El robo de celulares dejó de ser un delito aislado. Hay una cadena entera detrás: negocios, talleres, revendedores que vive de eso. Si no hay dónde vender lo que se roba, el delito pierde buena parte de su incentivo”, sostuvo Seisas.
En Rosario estiman que se roban 200 celulares por día
La magnitud del problema constituye uno de los argumentos centrales de la iniciativa. Según las estimaciones difundidas por el senador, solamente en Rosario se registran aproximadamente 200 robos de teléfonos celulares por día, mientras que entre el 70% y el 80% de los episodios no llegan a denunciarse.
Estas cifras reflejan las dificultades para dimensionar el mercado ilegal de dispositivos, debido a que una parte importante de las víctimas no formaliza las denuncias. La ausencia de registros también complica las investigaciones destinadas a identificar a quienes comercializan los equipos sustraídos.
En paralelo, el Gobierno de Santa Fe ya utiliza herramientas tecnológicas para investigar este tipo de delitos. En junio, por ejemplo, la plataforma de inteligencia artificial Lince permitió reconstruir el recorrido de un sospechoso de robar un celular en Rosario y obtener información que derivó en un allanamiento y la recuperación de elementos vinculados con la investigación.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto deberá continuar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Si consigue la aprobación definitiva, la provincia incorporará nuevas herramientas para intervenir ante teléfonos robados que puedan localizarse y para controlar la comercialización de dispositivos usados.
