La Corte mueve fichas en la disputa por la derogación
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso clave para destrabar el conflicto en torno a la derogación de la Ley de Tierras, incluida dentro del artículo 154 del DNU 70/23 impulsado por el Gobierno nacional. El máximo tribunal designó a dos conjueces y redujo los plazos procesales, con la intención de avanzar con una definición en el corto plazo.
Según informaron fuentes judiciales, fueron convocados Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos se sumarán a la integración de la Corte para resolver un expediente en el que los tres ministros actuales no lograron alcanzar la unanimidad requerida.
La discusión gira en torno a la validez del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales, una norma que imponía límites a la compra de tierras por parte de extranjeros y regulaba la protección de recursos estratégicos. El Gobierno busca blindar el megadecreto, pero al mismo tiempo explora alternativas legislativas para reponer parte de los contenidos de la ley y negociar otros proyectos vinculados con Malvinas y el Presupuesto.
El reclamo ambiental y de pueblos originarios
El caso llegó a la Corte a partir de una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la constitucionalidad de la derogación. La organización sostiene que la eliminación de la Ley de Tierras impacta negativamente en el medioambiente, debilita la protección del territorio y de los recursos naturales, y afecta derechos colectivos de comunidades indígenas asentadas en distintas provincias.
La presentación inicial se radicó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. Sin embargo, el expediente fue posteriormente remitido a la Cámara Federal de La Plata, donde tampoco se avanzó sobre el fondo del planteo. Ante este escenario de indefinición, la Corte decidió tomar el caso y ahora deberá pronunciarse sobre la validez del artículo del DNU que dio de baja la normativa.
Organizaciones ambientales y de derechos humanos vienen advirtiendo que la derogación abre la puerta a una mayor concentración en la propiedad de la tierra y dificulta el control estatal sobre inversiones en zonas sensibles, como cuencas hídricas, áreas de frontera o regiones de alta biodiversidad. Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la regulación anterior desalentaba inversiones y trababa el desarrollo productivo.
Antecedentes y definiciones pendientes
En paralelo, la Corte ya había rechazado un amparo impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), al considerar que la entidad no contaba con legitimación suficiente y que, en ese expediente, no se configuraba una controversia concreta que habilitara la intervención del tribunal.
La expectativa ahora está puesta en la decisión que adopte la Corte con la nueva integración, ya que un fallo que declare inconstitucional la derogación podría obligar al Gobierno a replantear su estrategia regulatoria sobre la tenencia de tierras rurales. Por el contrario, si el máximo tribunal convalida el DNU, se consolidará el nuevo esquema normativo impulsado a fines de 2023.
Mientras tanto, tanto el oficialismo como la oposición siguen de cerca el expediente. En el Congreso, varios bloques ya presentaron proyectos para restituir o modificar la Ley de Tierras, conscientes de que lo que resuelva el Poder Judicial tendrá impacto directo en futuras discusiones legislativas sobre soberanía territorial, modelo productivo y protección ambiental.
La resolución de la Corte no solo definirá el destino de la Ley de Tierras, sino que también marcará un precedente sobre el alcance de los DNU en materias sensibles para la soberanía y el ambiente.
Con los conjueces ya designados y plazos abreviados, el tribunal se encamina a uno de los fallos más relevantes del año en materia de recursos naturales y propiedad de la tierra en la Argentina.
