Policías santafesinos acusan a fiscales por el manejo del Caso Casco
NewsITe
El expediente por la muerte de Franco Casco, el joven cuyo cuerpo apareció en el río Paraná en octubre de 2014 tras desaparecer en Rosario, sumó un nuevo capítulo institucional. Tres policías santafesinos denunciaron ante la Procuración General de la Nación al fiscal federal Fernando Arrigo y a su colega Marcelo De Giovani por presunto mal desempeño de sus funciones y ocultamiento de pruebas clave.
Las presentaciones fueron formuladas por los efectivos Walter Benítez, Guillermo Gysel y Marcelo Guerrero, patrocinados por los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Fernando Mazzuchini. Se trata de policías que estuvieron involucrados en la causa y que, luego de haber sido absueltos en primera instancia junto a otros imputados, volvieron a quedar bajo la lupa tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.
No es la primera vez que la actuación de Arrigo llega a la Procuración. En diciembre de 2023, el comisario Diego Álvarez ya había impulsado una denuncia similar, que aún se encuentra en trámite. Con estas nuevas presentaciones, ya son cuatro los efectivos que reclaman que se investigue la conducta del fiscal en una de las causas más sensibles de los últimos años para la Justicia federal rosarina.
Cuestionamientos al rol del Ministerio Público Fiscal
Los policías señalan que el Ministerio Público Fiscal habría incumplido los principios de objetividad y lealtad procesal durante la instrucción, el juicio oral y la revisión del fallo absolutorio. Aseguran que se omitieron elementos probatorios que favorecían a los acusados y que se sostuvo una hipótesis que, según las defensas, fue contradicha por diversas pruebas incorporadas al expediente.
El antecedente central es la sentencia del 18 de julio de 2023, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario absolvió por mayoría a 19 policías y a un civil acusados por la desaparición y muerte de Casco. Tras más de un año y medio de debate, diez de los imputados recuperaron la libertad luego de pasar casi seis años detenidos. Sin embargo, el 17 de diciembre de 2024 la Sala I de la Cámara de Casación anuló esas absoluciones a partir de recursos de la Fiscalía y las querellas, decisión que hoy se encuentra recurrida.
Videos, pericias y evidencia bajo la lupa
Uno de los señalamientos más graves apunta al presunto ocultamiento de videos que mostrarían a Casco caminando por Rosario después de haber recuperado la libertad. Según la denuncia, el 28 de diciembre de 2021 el Tribunal Oral dio a conocer cuatro filmaciones con fecha y hora que hasta ese momento no habían sido puestas a disposición de las defensas. Los policías afirman que más de siete pericias identificaron al joven en esas imágenes.
Las presentaciones también describen supuestas irregularidades en la conservación y entrega de evidencia. Mencionan un informe de mejoramiento de imágenes enviado desde Córdoba en febrero de 2015, que habría sido reclamado en numerosas oportunidades sin éxito, y fotografías recuperadas de un teléfono celular que, según los denunciantes, estuvieron años fuera del alcance de los abogados defensores.
- Informe odontológico de la Universidad Nacional de Rosario recibido en 2017, que habría contradicho parte de la prueba médica utilizada para acusar, y que no se incorporó de inmediato al expediente principal.
- Autopsias que, de acuerdo con los policías, no registraron lesiones traumáticas compatibles con golpes o torturas, sino indicadores de posible asfixia por sumersión.
- Divergencias entre las conclusiones de la perito Virginia Creimer, vinculada a la acusación, y otros informes forenses incorporados a la causa.
En paralelo, los efectivos cuestionan la valoración de los testimonios de personas detenidas en la Comisaría Séptima de Rosario al momento de los hechos. Afirman que el Ministerio Público privilegió las declaraciones incriminantes por sobre aquellas que negaban haber visto o escuchado agresiones, y ponen el foco en el relato del detenido Pablo Argüello, cuya credibilidad y ubicación dentro de la seccional fueron discutidas en el juicio.
Denuncias por supuestos beneficios a testigos y cambio de hipótesis
Otro eje sensible de las denuncias es el eventual otorgamiento de beneficios a testigos, extremo que requerirá una investigación específica para determinar si existieron irregularidades y si ello pudo incidir en sus declaraciones. Los policías recuerdan, además, una denuncia previa por presunto falso testimonio agravado presentada en 2019 contra uno de los declarantes.
Los presentantes sostienen que, durante la revisión de la sentencia ante Casación, el fiscal Arrigo habría modificado la reconstrucción de la presunta detención de Casco, en particular respecto del día, la hora y el lugar. Según su postura, ese cambio habría afectado el derecho de defensa y vulnerado el principio de congruencia, que exige correspondencia entre los hechos imputados y aquellos sobre los que finalmente se decide.
Con estos argumentos, los policías Benítez, Gysel y Guerrero piden a la Procuración General que analice la actuación de los fiscales y, en caso de corresponder, disponga sanciones disciplinarias, su apartamiento de la causa e incluso la remisión de antecedentes a la Justicia penal.
Las denuncias invocan la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal Federal y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, remarcando los deberes de objetividad, responsabilidad y lealtad procesal. Así, el Caso Casco vuelve a colocarse en el centro de una fuerte controversia institucional sobre el manejo de la prueba en causas de violencia institucional, mientras sigue abierta la discusión sobre las absoluciones anuladas y el futuro de uno de los expedientes más resonantes de la última década.
