Petro denuncia motivaciones políticas en su permanencia en la lista OFAC
NewsITe
El ex presidente de Colombia, Gustavo Petro (2022-2026), volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras denunciar que el Gobierno de Estados Unidos lo mantiene en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su defensa de los derechos del pueblo palestino en el conflicto con Israel.
Desde su cuenta en la red social X, el exmandatario sostuvo que la herramienta, creada originalmente para perseguir estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, estaría siendo utilizada con fines políticos. Según su planteo, la inclusión de su nombre responde a su posición crítica frente a la actuación del gobierno de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza.
Petro afirmó que «la lista OFAC ya no es un instrumento de lucha contra el narcotráfico, sino que se usa para impedir que Benjamin Netanyahu sea juzgado como genocida». En esa línea, acusó a Washington de convertir ese mecanismo financiero en una herramienta de presión contra quienes denuncian presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto en Medio Oriente.
El ex jefe de Estado también señaló que Estados Unidos no solo lo habría sancionado a él por sus pronunciamientos sobre Gaza, sino que incluyó en la misma política a otros actores internacionales. Mencionó a ocho de los 17 magistrados de la Corte Penal vinculada al Estatuto de Roma y a funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos a la relatora Francesca Albanese, quien ha cuestionado de manera reiterada la respuesta militar de Israel contra la población palestina.
Críticas al alcance global de las sanciones
En sus declaraciones, Petro consideró que la lista OFAC «pierde legitimidad mundial» cuando se utiliza para perseguir a dirigentes políticos, jueces y funcionarios de organismos internacionales por sus opiniones o investigaciones. A su entender, ningún país ni ciudadano debería acatar medidas de carácter financiero que, en su visión, se apartan de los objetivos originales de la herramienta.
El ex mandatario convocó a los movimientos de derechos humanos de todo el mundo a organizar una campaña internacional para exigir a Estados Unidos que deje de emplear la OFAC como «mecanismo de persecución». En su interpretación, cuando se sanciona a poblaciones civiles o a personas identificadas por su postura política, se roza la figura de delito de lesa humanidad contemplada en el Estatuto de Roma.
De acuerdo con Petro, los responsables de impulsar este tipo de medidas deberían ser investigados y eventualmente juzgados por la Corte Penal Internacional. La discusión se enmarca en un contexto de creciente tensión diplomática por la guerra en Gaza y por las demandas para que líderes israelíes sean examinados por posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Petro y su familia, aún en la lista
En la última actualización oficial de la OFAC, Estados Unidos decidió retirar a más de 70 personas y empresas colombianas, muchas de ellas vinculadas a viejas estructuras del narcotráfico. Sin embargo, mantuvo en el listado al propio Gustavo Petro, a su ex esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ex ministro del Interior Armando Benedetti, una señal que el ex mandatario interpreta como parte de la misma lógica de hostigamiento político.
- Petro atribuye su permanencia en la lista OFAC a su defensa de Palestina y críticas a Israel.
- Cuestiona que la herramienta se use contra jueces y funcionarios de organismos internacionales.
- Plantea que ciertos usos de las sanciones podrían constituir delitos de lesa humanidad.
«La lista OFAC pierde así cualquier legitimidad mundial y no debe ser acatada por ningún país del mundo ni las personas de esos países», afirmó Petro en X.
Mientras Washington sostiene que las sanciones financieras son una herramienta clave de su política exterior, las declaraciones de Petro vuelven a instalar el debate sobre los límites y el impacto de estas medidas en la arena internacional, especialmente cuando involucran a dirigentes políticos y defensores de derechos humanos en medio de conflictos como el de Gaza.
