La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y propone incorporar delitos específicos al Código Penal. CARBAP reclamó a los legisladores que acompañen el proyecto para proteger la producción y la seguridad de las familias rurales.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) reclamó a los diputados nacionales que acompañen el proyecto que incorpora al Código Penal figuras específicas vinculadas al vandalismo rural. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría el 6 de octubre en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, con 41 firmas entre 66 legisladores presentes.
La entidad destacó el avance del proyecto y dirigió su pedido especialmente a los representantes de Buenos Aires y La Pampa. “Pongan por delante la necesidad concreta de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad agropecuaria”, expresó CARBAP ante el próximo tratamiento de la iniciativa en el recinto.
CARBAP reclamó avanzar contra el vandalismo rural
CARBAP sostuvo que el proyecto busca dar una respuesta a daños que afectan desde hace años a productores de distintos puntos del país. Entre las situaciones enumeradas mencionó ataques contra cultivos, silobolsas, alambrados, instalaciones, sistemas de riego, animales y otros bienes utilizados para la producción agropecuaria.
“Para quienes producen y viven en el campo, estos hechos no son una cuestión abstracta. Son daños concretos sobre el trabajo, la inversión y el esfuerzo de miles de productores y familias del interior”, señaló la organización ruralista.
La entidad también incluyó dentro de su reclamo a las familias que residen en ámbitos rurales y planteó que buscan contar con las mismas garantías de seguridad que quienes viven en zonas urbanas. En ese marco, pidió que las diferencias políticas no condicionen el tratamiento del proyecto cuando llegue al recinto.
“Entendemos y respetamos las diferencias políticas y partidarias propias del debate democrático. Pero hay cuestiones que deben poder construirse como políticas de Estado. La seguridad rural y la protección de la producción no deberían quedar atrapadas en esas diferencias”, afirmó CARBAP.
Qué penas propone el proyecto
La iniciativa propone incorporar el artículo 150 bis al Código Penal y establecer penas de entre un mes y un año de prisión para quien ingrese sin autorización a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias. La disposición contempla aquellos lugares donde existan elementos que indiquen la voluntad de impedir el ingreso, como alambrados, tranqueras, cercos, muros o carteles.
El dictamen también incorpora el artículo 184 bis, que establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño cuando una persona destruya, inutilice o deteriore bienes y afecte directamente el ciclo productivo, las materias primas o la infraestructura agropecuaria.
El texto incluye entre esos bienes a cultivos, cereales, oleaginosas, silobolsas, ganado e instalaciones destinadas a la provisión de energía o la extracción de agua. Además, modifica el artículo 209 para agravar la pena por instigación pública a cometer delitos cuando se utilicen medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales.
“La seguridad rural no tiene partido político”
CARBAP llamó a los legisladores a analizar la iniciativa por su contenido y por la respuesta que puede brindar a los problemas planteados por el sector. La entidad también valoró el trabajo de los diputados que permitieron alcanzar el dictamen favorable en las comisiones.
“La discusión política no debería convertirse en un obstáculo para avanzar sobre una necesidad concreta que afecta a quienes viven y trabajan en el campo”, manifestó la confederación.
“La seguridad rural no tiene partido político. Garantizarla y brindar herramientas para prevenir y sancionar estos hechos debe ser una responsabilidad compartida por todos”, concluyó CARBAP.
