El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata hizo lugar a una cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. El Gobierno nacional deberá informar y conservar los registros recopilados durante los últimos 15 años sobre la titularidad de tierras rurales en la provincia de Buenos Aires.
La Justicia de La Plata ordenó al Gobierno nacional que informe y preserve toda la información recopilada sobre tierras rurales de la provincia de Buenos Aires durante la vigencia de la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/2023. La resolución estableció además un plazo de cinco días para que el Ministerio de Justicia de la Nación detalle hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata tomó la decisión a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El organismo planteó que la derogación de la normativa eliminó mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones que regían para la venta de campos a titulares extranjeros.
Cinco días para informar sobre las bases de datos
La resolución judicial exige que el Ministerio de Justicia precise hasta qué fecha se mantuvieron actualizados los registros vinculados con las tierras rurales bonaerenses. También ordena garantizar la conservación íntegra de los antecedentes registrales que el Estado recopiló durante los últimos 15 años.
La presentación de la Defensoría del Pueblo advirtió que la eliminación de esos mecanismos pone en riesgo el conocimiento sobre la titularidad del territorio y la protección del medio ambiente. El planteo señaló particularmente la situación de distritos con alta concentración de tierras bajo titularidad extranjera, entre ellos Campana y Zárate.
La cautelar tras la derogación de la Ley de Tierras
La medida se produjo en el marco de la discusión generada a partir de la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023. Esa modificación eliminó las restricciones contempladas por la normativa para la venta de campos a titulares extranjeros y los instrumentos utilizados para controlar la composición dominial de las tierras rurales.
Al resolver la cautelar, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 consideró que la pérdida o alteración de la información recopilada podría provocar un daño irreversible. El fallo vinculó la conservación de esos registros con la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.
