Endurecen sanciones por alcohol al volante, venta ilegal y trapitos
NewsITe
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de reforma integral del Código Contravencional con el objetivo de endurecer penas, incorporar nuevas figuras y agravar la respuesta ante la reincidencia. La iniciativa abarca desde la conducción alcoholizada hasta la venta ilegal en la vía pública y la actividad de los denominados “trapitos”.
El paquete de cambios modifica el Código Contravencional (Ley 1.472) y la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12). Entre las principales novedades se encuentran fuertes aumentos en multas, más días de trabajo de utilidad pública, ampliación de los plazos de arresto y nuevas herramientas para garantizar que las sanciones efectivamente se cumplan.
De acuerdo con el proyecto, manejar bajo los efectos del alcohol podrá costar una multa de entre 1.000 y 6.000 unidades fijas (UF), lo que hoy equivale a más de 7 millones de pesos. Además, se prevé arresto de 5 a 30 días y la inhabilitación de la licencia de conducir por períodos que irían de 6 meses a 4 años, según la gravedad del caso y los antecedentes del infractor.
Otra de las conductas apuntadas es la venta ilegal y otras actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público. En este punto, las sanciones se disparan hasta un máximo de 50.000 UF, equivalentes a unos 58,6 millones de pesos, más del triple del tope vigente en la actualidad. Para los cuidacoches, conocidos como trapitos, se fijan penas de hasta 90 días de arresto en casos de reincidencia.
Nuevas figuras y registro de reincidencia
El proyecto incorpora también nuevas contravenciones vinculadas a modalidades delictivas actuales. Entre ellas se contemplan el seguimiento o acecho de personas en la vía pública, la obtención de claves o credenciales mediante engaños digitales, la organización de compraventa informal masiva, la comercialización de datos personales y la portación de dispositivos para interferir señales o manipular de forma fraudulenta sistemas de cobro y transporte público.
La iniciativa sanciona, además, la suplantación de identidad de agentes de autoridad, el financiamiento de contravenciones repetidas o de agrupaciones que actúen de manera contraventora, la portación o distribución de elementos aptos para generar disturbios y el entorpecimiento de sistemas de videovigilancia urbana.
En materia procesal, la reforma elimina la condena en suspenso y, para los adultos, excluye la posibilidad de suspensión del proceso a prueba, aunque mantiene en dos años el plazo general de prescripción de la acción. Otro punto clave es la creación de un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público, que permitirá seguir la conducta de quienes violan reiteradamente las normas.
- Para la primera reincidencia se prevé un aumento de pena del 50%.
- Para la segunda reincidencia, el incremento será del 66,6%.
- Para la tercera vez, la sanción podrá duplicarse (100% de aumento).
Régimen para adolescentes y fundamentos políticos
El texto también abarca a adolescentes de entre 14 y 17 años, bajo un régimen diferenciado del de los adultos. En estos casos, el acento está puesto en la responsabilidad, la educación y la reinserción social. Se contemplan medidas como amonestaciones formales, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad o revinculación escolar, capacitación laboral, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las capacidades del joven.
“Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad”, afirmó Jorge Macri al presentar el proyecto.
El jefe de Gobierno sostuvo además que “no hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos” y defendió la reforma como una herramienta para que “el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos”. El debate ahora quedará en manos de la Legislatura porteña, donde el oficialismo buscará los consensos necesarios para convertir en ley el nuevo esquema contravencional.
