Diez policías chaqueños ante el tribunal por un operativo violento
NewsITe
En Resistencia comenzó este lunes el juicio oral contra diez integrantes de la Policía del Chaco por el violento operativo realizado en mayo de 2020 contra jóvenes de la comunidad qom en el barrio Banderas Argentinas de Fontana. El proceso, de fuerte impacto institucional y social, vuelve a poner bajo la lupa el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales y el trato hacia los pueblos originarios.
El debate se desarrolla ante la Cámara Segunda en lo Criminal en el marco de la causa 12.386/2020-1, que investiga el ingreso de efectivos a una vivienda sin orden judicial y las posteriores detenciones en la Comisaría Tercera de Fontana. De acuerdo con la acusación, durante el procedimiento se habría golpeado y amenazado a varios jóvenes, entre ellos una adolescente, quienes luego denunciaron agresiones físicas, amenazas de muerte e insultos racistas mientras permanecían privados de su libertad.
Entre los diez acusados se encuentra Claudia Beatriz Lucena, quien estaba a cargo de la comisaría al momento de los hechos. La oficial enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal cometida por un funcionario público. Según la imputación, no habría puesto a disposición de la Justicia a la adolescente detenida ni denunciado las presuntas vejaciones ocurridas en su dependencia.
La situación de Lucena suma un capítulo político: pese a estar procesada desde septiembre de 2021 y con la causa elevada a juicio desde abril de 2022, fue ascendida por el actual gobernador Leandro Zdero. A través del decreto 974/25, firmado el 13 de junio de 2025, se dispuso su promoción de comisario inspector a comisario mayor, con efectos retroactivos al inicio de ese año, a partir de una propuesta elevada por el jefe de la Policía, Fernando Romero.
Las imputaciones y el trasfondo institucional del caso
Los otros nueve policías enfrentan distintas combinaciones de delitos, entre ellos vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, falsedad ideológica y detención ilegal. La etapa de juicio oral deberá determinar si las conductas denunciadas constituyen o no estos ilícitos penales. Por el momento, se trata de acusaciones que serán evaluadas por el tribunal, sin que impliquen una condena anticipada.
- El hecho investigado ocurrió el 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas.
- Las víctimas son jóvenes de la comunidad qom, lo que suma un componente de presunta violencia racista.
- Se cuestiona el ingreso policial a una vivienda sin orden judicial.
- Se denuncian golpes, amenazas y términos discriminatorios en la comisaría.
- El ascenso de una de las imputadas generó cuestionamientos al gobierno chaqueño.
El inicio del juicio se concretó luego de varias reprogramaciones. La última postergación se produjo en septiembre, a raíz del cambio de defensa de uno de los acusados. Desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que interviene como querellante institucional, se habían manifestado críticas por las demoras y se reclamaba avanzar con el debate oral.
Organismos de derechos humanos y referentes indígenas consideran que este juicio será una prueba clave sobre cómo responde el Estado ante denuncias de violencia institucional contra comunidades originarias.
Se espera que en las próximas audiencias declaren las víctimas, testigos y peritos, y que se analicen registros médicos y documentación vinculada al operativo. El desarrollo del proceso será seguido de cerca por organizaciones sociales, entidades de derechos humanos y representantes de pueblos originarios, que reclaman celeridad y transparencia en la búsqueda de justicia.
