LLA impulsa cambios en el Código Penal para delitos sexuales

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La Libertad Avanza, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, buscará avanzar en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que apunta a declarar imprescriptibles los delitos contra la integridad sexual que hoy contemplan la pena de prisión perpetua. La iniciativa se enmarca en el paquete de propuestas del oficialismo para endurecer la respuesta penal frente a los delitos considerados más graves.
El proyecto, encabezado por la diputada Virginia Gallardo, forma parte de la agenda de seguridad que La Libertad Avanza quiere instalar con fuerza de cara a la campaña presidencial de 2027. La intención del oficialismo es darle tratamiento parlamentario en el corto plazo, aprovechando los acuerdos alcanzados con otros bloques.
Además de Gallardo, firman la propuesta las diputadas libertarias Laura Rodríguez Machado, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo y Gabriela Flores. También adhieren la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas), la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), la tucumana Gladys Mendoza y la radical Pamela Berasay, lo que refleja un respaldo transversal a los cambios planteados.
Claves del proyecto de reforma penal
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que la acción penal no prescribirá cuando exista una condena a prisión perpetua por delitos contra la integridad sexual. Para eso, se propone modificar el artículo 65 del Código Penal e incorporar un nuevo artículo 65 bis, a fin de dejar expresamente asentada la imprescriptibilidad de estos delitos.
El texto también plantea la ampliación de los plazos de prescripción para otros delitos sexuales que no tienen perpetua: se propone elevar de 12 a 15 años el tiempo máximo para que una causa pueda quedar extinguida. Según sus autores, esto busca evitar que expedientes complejos terminen archivados por el mero paso del tiempo.
- Aumentar las penas por abuso sexual contra menores de 13 años, llevándolas de 1 a 6 años en los casos básicos, de 4 a 12 años cuando se trate de un “sometimiento agravado” y de 6 a 20 años en los supuestos de violación.
- Endurecer las penas por abusos contra adolescentes de entre 13 y 16 años, con escalas que irían de 3 a 6 años y de 6 a 10 años, de modo tal que en determinados casos ya no resulten excarcelables.
- Refuerzar la coherencia del sistema penal, equiparando la gravedad reconocida por la ley con la posibilidad real de actuación de la Justicia.
Fundamentos y debate en torno a la imprescriptibilidad
En los fundamentos, Gallardo sostiene que las modificaciones apuntan a dotar de mayor coherencia al Código Penal y a adecuar sus disposiciones a la gravedad de los delitos sexuales más severos. Para la diputada, no es razonable que el Estado pierda para siempre la posibilidad de investigar y sancionar hechos que el propio sistema castiga con la pena más alta disponible.
“Si para determinados delitos el Código Penal establece la pena más grave de todo el sistema, no resulta coherente que el Estado pierda la posibilidad de perseguirlos simplemente porque pasó el tiempo”, argumentó Gallardo, al defender el proyecto.
El debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales viene ganando espacio en Argentina, impulsado por organizaciones de víctimas y especialistas que señalan las dificultades para denunciar, los largos tiempos de maduración de los procesos de reparación y la persistencia de vínculos de dependencia o temor hacia los agresores. El oficialismo busca ahora traducir ese reclamo en una reforma concreta del Código Penal, que deberá ser discutida en comisión y luego en el recinto, donde se espera un intercambio intenso sobre sus alcances y su impacto en el sistema judicial.

