El Máximo Tribunal abre un nuevo round sobre el DNU 70/23
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a dos conjueces para intervenir en un nuevo y clave debate sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/23, el decreto que derogó la Ley de Tierras. La decisión llega luego de que los ministros del Máximo Tribunal no alcanzaran unanimidad de criterios en el último acuerdo, lo que obligó a recurrir a esta herramienta excepcional.
El expediente, identificado como FGR 20213/23, tiene su origen en una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambiental que cuestionó la derogación de la norma al considerar que vulnera la protección del ambiente consagrada en la Constitución Nacional. La entidad plantea que flexibilizar el régimen de compra de tierras por parte de extranjeros podría tener impactos negativos sobre recursos naturales estratégicos.
La causa atravesó ya varias instancias sin obtener un pronunciamiento de fondo. Primero fue presentada ante la Justicia Federal de Bariloche, que no llegó a tratarla. Luego pasó a la Cámara Federal de La Plata, donde tampoco se resolvió la cuestión. Recién ahora, con la intervención de la Corte y la convocatoria a conjueces, el caso se encamina a una definición institucional de mayor peso.
Este movimiento del Máximo Tribunal se produce tiempo después de haber rechazado, por falta de legitimación, una presentación similar impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). En aquel fallo, la Corte aclaró que la decisión tenía un carácter estrictamente procesal y que no cerraba la puerta al análisis de otros expedientes sobre la misma temática.
Procesos colectivos y alcance de la discusión
El tratamiento actual se da en el marco del régimen de procesos colectivos, mecanismo que permite agrupar causas con un mismo trasfondo para evitar sentencias contradictorias y unificar criterios. Resuelto el planteo vinculado al CECIM, quedó habilitada la revisión del expediente impulsado por Árbol de Pie, enfocado específicamente en las implicancias ambientales de la derogación de la Ley de Tierras.
- La Corte deberá pronunciarse sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/23.
- La decisión sentará un precedente clave sobre el alcance del poder presidencial para modificar por decreto regulaciones sobre propiedad de la tierra.
- Organizaciones ambientales siguen con atención el caso por su potencial impacto en territorios rurales y recursos naturales.
La discusión excede a una sola organización: definirá hasta dónde puede llegar un decreto presidencial en materia de tierra y ambiente, y qué margen tiene el Congreso y la Justicia para controlar esos cambios.
Con la incorporación de conjueces, la Corte busca destrabar el debate interno y avanzar hacia un fallo que podría reordenar el mapa normativo sobre la propiedad y el control de tierras rurales en la Argentina. El resultado será seguido de cerca no solo por las organizaciones ambientales, sino también por inversores, propietarios rurales y el propio Gobierno, atento a las consecuencias jurídicas y políticas de la sentencia.
