La morosidad de las familias llega al máximo en más de una década
NewsITe
La morosidad de las familias argentinas trepó a un nivel récord y encendió nuevas luces de alarma sobre la salud financiera de los hogares. De acuerdo con el informe “Pensar Argentina – Octubre 2026”, elaborado por la Fundación Pensar, la irregularidad bancaria de los créditos a personas alcanzó en julio de 2026 el 12,9%, más del doble del 5,6% registrado un año antes. Se trata del valor más alto desde que la serie comenzó a medirse en enero de 2010.
El trabajo advierte que, si bien comienzan a observarse algunos indicios de desaceleración en el deterioro, aún es prematuro hablar de una normalización. El fenómeno está fuertemente concentrado en el financiamiento al consumo, en un contexto de ingresos ajustados, alta inflación y aumento de los gastos esenciales que empujan a las familias a depender cada vez más del crédito para llegar a fin de mes.
Según el informe, los préstamos personales mostraron en julio una tasa de irregularidad del 16,7%, mientras que las tarjetas de crédito alcanzaron el 12,8%. Los préstamos prendarios –vinculados a la compra de autos u otros bienes durables– exhibieron una mora del 8,1%, y los hipotecarios, más restringidos en los últimos años, apenas un 1,6%. Para los especialistas, la combinación de financiamiento más amplio y salarios que pierden contra la inflación explica buena parte de este salto en los incumplimientos.
Cuando el crédito financia el consumo básico
El estudio incorpora una encuesta nacional realizada por la consultora Casa Tres, que pone números al cambio de comportamiento financiero de la sociedad. El 58% de los consultados afirmó que él o alguien de su hogar tomó un préstamo, usó tarjeta de crédito o financió gastos en cuotas durante los últimos meses.
La principal señal de alarma es el destino de esos fondos. El 26% dijo que utilizó el crédito para comprar alimentos, el 21% para afrontar gastos cotidianos del hogar, el 15% para pagar servicios, impuestos u otras obligaciones, y el 14% para cancelar deudas previas. Es decir, una porción importante del endeudamiento ya no se orienta a inversiones o bienes durables, sino a sostener el consumo corriente.
La presión sobre los presupuestos queda más clara al observar los incumplimientos: el 54% de las personas encuestadas reconoció que en los últimos meses dejó de pagar o se atrasó en alguna obligación por motivos económicos. Entre quienes tuvieron atrasos, el 46% mencionó servicios, el 36% tarjetas de crédito y el 33% préstamos personales u otras deudas.
Brecha social y jóvenes más expuestos
La dificultad para cumplir con los pagos no impacta de la misma forma en todos los sectores. Entre las personas de menores ingresos, el 72% declaró haber tenido atrasos, porcentaje que baja al 43% en el segmento medio y al 30% en el nivel socioeconómico alto. La morosidad se consolida así como un factor adicional de desigualdad, ya que quienes menos ganan pagan tasas más altas y cargan con más penalidades por mora.
Los jóvenes también aparecen especialmente vulnerables. Entre los deudores de 18 a 25 años, el 37% se encuentra en mora, proporción que se repite en la franja de 26 a 35 años. A medida que aumenta la edad, el porcentaje de atrasos disminuye hasta llegar al 16% entre los mayores de 66 años, un grupo que en muchos casos limita su exposición al crédito.
Pese a estos indicadores, el informe aclara que la fuerte presión sobre los hogares no implica, por ahora, una crisis bancaria. El Banco Central registra previsiones equivalentes al 87,6% de la cartera irregular y un nivel de capitalización del 30,5% de los activos ponderados por riesgo, lo que da cierto margen de protección al sistema financiero.
De cara a los próximos meses, el desafío que plantea Pensar es combinar la recuperación del crédito con políticas que apunten a ingresos sostenibles, prevención del sobreendeudamiento, mayor transparencia en los costos financieros y mecanismos de recomposición para deudores en problemas. El objetivo es evitar que las dificultades transitorias de pago se transformen en una exclusión financiera permanente para amplios sectores de la población.
