El Ejecutivo incluyó una partida específica en el proyecto de Presupuesto para afrontar condenas de tribunales internacionales. La Justicia estadounidense autorizó al fondo que reclama por la expropiación de Aerolíneas Argentinas a buscar activos argentinos y solicitar embargos.
El Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una partida de US$1100 millones para pagar sentencias firmes que surjan de arbitrajes internacionales. La previsión comprende decisiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal del Banco Mundial ante el cual la Argentina enfrenta reclamos por expropiaciones, contratos y concesiones.
Según informó TN, el Ejecutivo incorporó por primera vez de manera explícita esta reserva presupuestaria, mientras cuatro casos con laudos adversos para el país atraviesan distintas etapas judiciales. Uno de ellos corresponde a la expropiación de Aerolíneas Argentinas, por la que el fondo Titan Consortium reclama más de US$390 millones, además de intereses.
Un tribunal del distrito de Columbia, en Estados Unidos, autorizó al fondo a buscar activos argentinos en el exterior y solicitar embargos para cobrar esa condena. La decisión reconoce el laudo que el CIADI dictó hace casi una década y permite al acreedor avanzar con las acciones de cobro.
La autorización judicial no implica que Titan pueda cobrar de inmediato. La defensa argentina todavía puede apelar la decisión y presentar medidas para intentar revertirla, mientras el fondo debe identificar los bienes sobre los que pretende actuar.
Los otros tres expedientes involucran a la constructora italiana Webuild, la empresa francesa Saur International y la energética estadounidense AES Corporation. Las compañías obtuvieron decisiones favorables en el CIADI y buscan avanzar con su reconocimiento judicial, aunque algunos procedimientos de anulación continúan abiertos en el organismo.
La reserva del Presupuesto también contempla sentencias de otros arbitrajes internacionales. Su inclusión establece una previsión de recursos para afrontar pagos, mientras cada expediente sigue su propio recorrido y los acreedores deben obtener las autorizaciones necesarias para reclamar el cobro ante la Justicia.
Los reclamos por contratos pesificados y concesiones
Webuild reclama US$123 millones por la pesificación de los contratos del proyecto de conexión vial del puente Rosario-Victoria, tras la crisis de 2001. El CIADI autorizó a la empresa a reclamar ese monto después de una primera compensación mayor, pero la Argentina mantiene un pedido de anulación ante el organismo.
La constructora puede iniciar acciones de cobro mientras continúa ese trámite. El 1 de septiembre, las partes participaron de una audiencia para presentar sus argumentos sobre el pedido argentino de anulación.
Saur International, por su parte, reclama US$72 millones por la rescisión del contrato de concesión de Obras Sanitarias Mendoza. La empresa francesa busca que la Justicia de Estados Unidos reconozca el laudo del CIADI para avanzar como acreedora del país.
AES Corporation obtuvo una decisión favorable por US$716 millones vinculada con la pesificación de contratos de la represa de Alicurá. La energética acudió a la Justicia estadounidense en agosto de 2025 para solicitar el reconocimiento del laudo, mientras el procedimiento de anulación continúa activo ante el tribunal arbitral.
De acuerdo con el relevamiento publicado por TN, la Argentina recibió 65 demandas ante el CIADI desde 1997, principalmente después de la crisis de 2001 y la salida de la convertibilidad. Los datos oficiales y privados citados en ese informe indican que el país perdió el 86% de los casos resueltos y acumula laudos adversos por más de US$10.046 millones.
Muchas empresas retiraron sus demandas después de alcanzar acuerdos con el Estado durante las últimas décadas. Otros expedientes, incluso algunos con decisiones de 2006 o 2009, todavía figuran como pendientes, porque los procedimientos de arbitraje y las acciones judiciales para cobrar siguen etapas diferentes.
Para avanzar con un embargo, los beneficiarios de los laudos recurren a tribunales judiciales. Allí solicitan el reconocimiento de su condición de acreedores y una orden que les permita buscar el cobro cuando el país no paga.
YPF, autopistas y jubilaciones entre los expedientes pendientes
La información pública del CIADI registra siete casos pendientes contra la Argentina. El más reciente corresponde a Petersen y Eton Park, los fondos patrocinados por Burford Capital que iniciaron un arbitraje por la expropiación de YPF después de perder el juicio en la Cámara estadounidense.
Los fondos presentaron el reclamo el 15 de septiembre, luego de que ese tribunal anuló la condena de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar US$16.000 millones. El CIADI aceptó el caso y abrió un plazo de 90 días para conformar el tribunal arbitral; después, las partes deberán acordar el calendario del procedimiento.
La mayor parte del arbitraje tendrá carácter confidencial, aunque las partes pueden acordar la difusión de determinadas novedades. El contenido del proceso se conocerá cuando el organismo emita su laudo.
Webuild también figura entre los expedientes pendientes por el pedido de anulación que presentó la Argentina. Esa situación mantiene abierto el procedimiento ante el CIADI, pese a que la constructora ya cuenta con una decisión favorable y puede iniciar acciones de cobro.
El grupo Abertis sostiene dos reclamos que suman US$375 millones. Uno cuestiona el intento del gobierno de Alberto Fernández de anular la renegociación de las concesiones de la Autopista del Sol y el Acceso Oeste, y el otro se vincula con el congelamiento de tarifas; el primero tuvo una audiencia de discusión en agosto de 2026.
La malaya IJM Corporation, también accionista del Acceso Oeste, reclama US$51 millones por el congelamiento tarifario. La última novedad pública de ese expediente corresponde a una audiencia de enero de 2026.
BA Desarrollos exige más de US$58 millones por terrenos del proyecto Catalinas Norte II. Las partes participaron el 24 de agosto de una audiencia sobre cuestiones procesales.
El listado incluye además la demanda que tres aseguradoras de Países Bajos y Orígenes AFJP presentaron en 2019 por US$157 millones. El reclamo cuestiona la eliminación del régimen de capitalización de jubilaciones y pensiones y su absorción por el sistema de reparto.
