Impugnan la convalidación provincial del código urbano
NewsITe
El nuevo código urbano de Hurlingham, impulsado por el intendente Damián Selci, sumó un nuevo capítulo de controversias. Un numeroso grupo de vecinos de Hurlingham, Villa Tesei y William Morris presentó un reclamo administrativo ante el Ministerio de Gobierno bonaerense para impugnar la resolución que convalidó la reforma aprobada a nivel municipal.
Según trascendió en ámbitos provinciales, la presentación fue motorizada por el colectivo Vecinos Autoconvocados y apunta directamente contra la Resolución 406/2026, dictada por la administración bonaerense. El escrito fue ingresado antes del 2 de octubre, fecha límite establecida para este tipo de objeciones, e incorpora firmas de residentes de distintos barrios del distrito.
El núcleo de las críticas se concentra en la presunta entrega de permisos de construcción “exprés” durante el período que medió entre la sanción de la ordenanza –en diciembre de 2025– y su posterior remisión a la Provincia, que, según los vecinos, se habría concretado recién seis meses más tarde. En ese lapso, afirman, se habrían autorizado obras y desarrollos inmobiliarios amparados en la futura normativa.
Las objeciones también incluyen advertencias sobre el posible impacto de nuevas construcciones en los servicios públicos –como agua, cloacas, electricidad y transporte– y el acercamiento de áreas industriales a zonas netamente residenciales. Para los reclamantes, esta reconfiguración del uso del suelo puede agravar problemas de infraestructura ya existentes y alterar la fisonomía tradicional de los barrios.
El alcance de la resolución provincial y las respuestas oficiales
El acto administrativo que convalidó el código urbano fija un punto clave para el debate: establece que el Municipio es el responsable primario del ordenamiento territorial y de la planificación urbana. Al mismo tiempo, recuerda la obligación de ajustarse a las disposiciones provinciales en materia de infraestructura, servicios y equipamiento comunitario al momento de aprobar subdivisiones y habilitar nuevos usos del suelo.
La resolución excluyó expresamente de su convalidación los capítulos 6, 7, 8 y 9 del Anexo I de la ordenanza, al considerar que contienen aspectos que son de competencia exclusiva del gobierno local y no se vinculan de manera directa con la planificación territorial de alcance provincial. Esta salvedad, señalan fuentes consultadas, no invalida el resto del esquema urbanístico, pero deja a cargo del Municipio la implementación de esos capítulos.
Desde el Ejecutivo municipal, durante el proceso de adecuación, se sostuvo que las observaciones formuladas por la Provincia no modificaron la zonificación ni los indicadores urbanísticos centrales. Por el contrario, defendieron el código como una herramienta para concentrar el crecimiento en avenidas, centros comerciales y sectores cercanos a estaciones ferroviarias, con el objetivo declarado de preservar la identidad de los barrios residenciales.
Intervención de organismos y próximos pasos del reclamo
La tramitación del código urbano incluyó, además, la participación de la Autoridad del Agua, el Ministerio de Ambiente bonaerense y distintos organismos de planificación. Esas intervenciones forman parte del expediente que respalda la aprobación formal de la norma y fijan parámetros mínimos sobre la infraestructura necesaria para habilitar nuevos desarrollos urbanos.
No obstante, los vecinos sostienen que la existencia de dictámenes y antecedentes técnicos no garantiza, por sí sola, que se cumplan las condiciones materiales que la propia resolución establece. En su presentación ante la cartera de Gobierno, remarcan que la velocidad de los permisos otorgados, sumada a la presunta demora en enviar la ordenanza a Provincia, generó un escenario de “avance descontrolado” de la construcción privada.
Por el momento, el planteo se mantiene en el ámbito administrativo provincial y no existe un pronunciamiento judicial que acredite irregularidades. Sin embargo, la impugnación abre un nuevo frente para la gestión de Selci y coloca bajo la lupa el modelo de desarrollo urbano elegido para Hurlingham y sus localidades vecinas, en un contexto de fuerte tensión entre la demanda de vivienda, la presión inmobiliaria y la capacidad real de los servicios públicos.
