Condena a un enfermero de PAMI por venta ilegal de fentanilo
NewsITe
Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario, identificado como Luis Emmanuel Benavidez, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por comercializar fentanilo, bromuro de vecuronio y otros medicamentos de uso exclusivo hospitalario que sustraía de su lugar de trabajo y ofrecía a través de redes sociales. El caso volvió a encender las alarmas sobre el desvío de fármacos críticos desde el sistema de salud hacia el mercado ilegal.
La sentencia fue dictada en el marco de un acuerdo pleno entre la defensa y la fiscalía, homologado el 4 de septiembre por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros. Benavidez admitió los hechos, su participación, la prueba reunida y la calificación legal: comercio de estupefacientes, venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud disimulando su carácter nocivo, hurto y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, todos en concurso real. Además, quedó inhabilitado por cuatro años y seis meses para ejercer cargos públicos y la profesión de enfermero.
Una muerte que disparó la investigación
La causa se originó a partir de la denuncia del padre de un hombre de 37 años que murió el 9 de agosto de 2023 tras consumir distintas sustancias. El denunciante señaló directamente al enfermero como quien le había suministrado fentanilo y bromuro de vecuronio, ambos fármacos de uso intrahospitalario y con fuerte impacto sobre el sistema nervioso y respiratorio.
La presentación se realizó en julio de 2025 ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación. A partir del análisis del teléfono celular de la víctima, capturas de conversaciones y un video grabado por su pareja, los investigadores reconstruyeron el vínculo entre el fallecido y Benavidez. En los chats de WhatsApp, el enfermero le ofrecía ampollas de fentanilo y le describía al bromuro de vecuronio como “dos veces más fuerte” que el primero, presionándolo para concretar la operación ese mismo día porque “había otro comprador”.
Mensajes, allanamientos y el rol del Policlínico PAMI II
El 9 de agosto de 2023, poco antes de la muerte del hombre, Benavidez le envió un audio de 17 segundos donde le daba instrucciones precisas sobre cómo administrar el contenido de las ampollas y lo alertaba sobre el riesgo de sobredosis. Después de ese mensaje, el enfermero insistió en comunicarse, pero ya no obtuvo respuesta. La víctima fue hallada sin vida en su departamento, junto a una jeringa y un frasco de bromuro de vecuronio.
La pesquisa también determinó que Benavidez trabajaba desde 2014 en el Policlínico PAMI II y que, desde 2016, se desempeñaba en el área de Central de Materiales y Esterilización, dependiente de Farmacia. Según informó el propio PAMI a la Justicia, entre sus funciones no figuraba la custodia de fármacos ni de estupefacientes, lo que agrava el cuadro al evidenciar un desvío sistemático de insumos a los que no debía acceder de forma directa.
El 30 de septiembre de 2025, Gendarmería Nacional realizó allanamientos en el domicilio del enfermero en Rosario y en la casa de sus padres en Concepción del Uruguay. En la vivienda del condenado se secuestraron cuatro ampollas de fentanilo, cuatro cajas de bromuro de vecuronio con 99 frascos, 98 jeringas hipodérmicas con agujas, ampollas de adrenalina y otras sustancias medicinales, además de una bolsa con material vegetal similar a cannabis.
Arma de fuego, peritajes y agravantes de la pena
En la vivienda de los padres, los investigadores encontraron una pistola Bersa calibre .22, un cargador y 51 municiones. El Registro Nacional de Armas (RENAR) informó que Benavidez no se encontraba inscripto como legítimo usuario, por lo que la fiscalía también tuvo por acreditada la tenencia ilegítima del arma de fuego.
Los peritajes sobre los lotes de fármacos permitieron establecer que las partidas de fentanilo y bromuro de vecuronio secuestradas en los allanamientos habían sido previamente ingresadas al Policlínico PAMI II. Uno de los lotes de bromuro de vecuronio coincidía con el de la ampolla encontrada en el domicilio de la víctima, lo que reforzó el vínculo entre el desvío de medicamentos, la venta ilegal y la muerte investigada.
La autopsia del hombre fallecido había concluido que no podía descartarse una relación de la muerte con causas toxicológicas, aunque la causa final del deceso se mantuvo como indeterminada. La investigación provincial había sido archivada debido a que el laboratorio no contaba con métodos para detectar en sangre bromuro de vecuronio y valproato de sodio, dos de las sustancias sospechadas.
Al acordar la pena, la fiscalía ponderó como agravantes la cantidad y variedad de medicamentos secuestrados, el desvío de fármacos desde el ámbito laboral y el aprovechamiento de su condición de enfermero para acceder a medicación crítica. Como atenuante se tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales. Pese a la condena, el caso deja planteado el desafío de reforzar los controles sobre sustancias de alto riesgo dentro de hospitales y clínicas, frente a un mercado ilegal que crece al amparo de las redes sociales.
