El Congreso frena las medidas urgentes para aliviar el drama habitacional
NewsITe
El Congreso de los Diputados de España rechazó este viernes dos decretos clave impulsados por el gobierno de Pedro Sánchez para abordar la aguda crisis de vivienda que atraviesa el país. Las iniciativas, defendidas en el recinto por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, buscaban intervenir sobre los alquileres temporarios, ofrecer incentivos a propietarios y frenar desalojos de personas vulnerables, entre otras medidas.
El primero de los decretos, que incluía límites a los alquileres de temporada, bonificaciones fiscales para los dueños que redujeran el precio de los alquileres y la suspensión de desalojos sin alternativa habitacional para familias en situación de vulnerabilidad, fue rechazado por un estrecho margen: 178 votos en contra y 172 a favor. Afuera del Congreso, miles de manifestantes siguieron la votación y respondieron con gritos de “¡Vergüenza, vergüenza!” y llamados a una “huelga general”.
El segundo decreto también corrió la misma suerte. Se trataba de la norma que contemplaba la renovación automática de los contratos de alquiler, con el objetivo de dar previsibilidad a los inquilinos frente a la suba de precios. Fue convalidado solo durante 16 horas, el tiempo que estuvo vigente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), antes de ser tumbado en la Cámara baja por 184 votos en contra y 166 a favor.
Alianzas cruzadas y acusaciones en el recinto
El oficialismo logró el respaldo del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Euskal Herria Bildu, Podemos, Coalició Compromís y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Sin embargo, ese apoyo resultó insuficiente frente al bloque del ‘no’, integrado por el Partido Popular (PP), Vox, Junts per Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC), que terminó imponiéndose en ambas votaciones.
Durante un áspero debate, Bustinduy acusó a los partidos que rechazaron los decretos de actuar en defensa de “una oligarquía rentista” y de dar la espalda a los sectores más golpeados por la crisis habitacional. “Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Cataluña, pero votar no hoy a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir la única causa y la única bandera del rentismo”, advirtió el ministro, al tiempo que aseguró que la oposición “no está calibrando lo que está haciendo”.
El funcionario pidió a los legisladores que explicaran con quién se reunieron en las últimas semanas y denunció presiones de los lobbies inmobiliarios. Desde el PP, el diputado Sergio Sayas respondió que el Gobierno pretendía “cargarse la seguridad jurídica” y enfrentar “a inquilinos con propietarios y al mercado con la regulación”, planteando que ambos actores necesitan convivir para que el sistema funcione.
Preocupación social y presiones políticas tras el revés
El rechazo legislativo encendió las alarmas en organizaciones de derechos humanos y entidades sociales. Amnistía Internacional y Oxfam Intermón lamentaron que el Congreso no convalidara los decretos, al considerar que la decisión constituye un serio retroceso para la garantía del derecho a la vivienda en España. Según estas organizaciones, millones de personas quedan expuestas a seguir viviendo en condiciones precarias, con alquileres altos, contratos inestables y riesgo de desalojo.
- Los decretos buscaban limitar alquileres temporarios y desalojos sin alternativa.
- También proponían incentivos a propietarios que redujeran rentas.
- La renovación automática de contratos sólo rigió durante 16 horas.
- ONG y movimientos sociales hablan de un golpe al derecho a la vivienda.
“Votar no hoy a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir la única causa y la única bandera del rentismo”, afirmó Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales de España.
El episodio reavivó las tensiones políticas y abrió especulaciones sobre un eventual adelanto de las elecciones generales. Desde el propio Gobierno dejaron trascender que, tras este traspié parlamentario y el bloqueo de sus principales iniciativas en materia habitacional, están “abiertos a todas las opciones”. En medio de una crisis de vivienda que también se observa en otras grandes ciudades europeas, el escenario en España queda marcado por la incertidumbre política y la presión creciente de la calle.
