Arrancó una nueva etapa judicial por el Vacunatorio VIP
NewsITe
La causa conocida como Vacunatorio VIP sumó este viernes un nuevo capítulo con el inicio de una ronda de indagatorias a 34 personas señaladas por haber recibido dosis contra el Covid-19 de manera irregular durante la pandemia. La primera en presentarse ante la Justicia fue Lucía Antolini, citada por su presunta participación en maniobras vinculadas al uso discrecional de vacunas destinadas a grupos prioritarios.
Antolini declara ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en el marco de una investigación que apunta a determinar la responsabilidad penal de quienes, fuera de los criterios sanitarios oficiales, accedieron a la inmunización en dependencias del Estado o incluso en sus domicilios particulares. La acusada enfrenta imputaciones como partícipe necesaria del delito de peculado, una figura que sanciona el uso indebido de bienes públicos, en este caso las vacunas provistas por el Estado nacional.
Este tramo de la causa pone el foco en las personas que recibieron las dosis en el Ministerio de Salud, en el Hospital Posadas y en otros ámbitos oficiales, sin integrar los grupos de riesgo ni cumplir con las condiciones establecidas por los planes oficiales de vacunación. Según surge del expediente, el esquema habría funcionado a través de listados informales y gestiones ad hoc que permitieron saltear turnos y prioridades en plena emergencia sanitaria.
Las citaciones fueron impulsadas por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien sostuvo que quienes aceptaron las vacunas en condiciones irregulares “contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos”. Para la fiscalía, los involucrados conocían que no estaban habilitados para vacunarse en ese momento y, aun así, accedieron a las dosis, aprovechando vínculos políticos, institucionales o personales.
Quiénes están bajo la lupa y cómo sigue la investigación
En total, la Justicia fijó 34 indagatorias hasta el 9 de diciembre. Entre las personas convocadas figuran el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde y sus hijas; el periodista Horacio Verbitsky; y los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros nombres que se conocieron públicamente cuando estalló el escándalo.
La causa por el Vacunatorio VIP se convirtió en uno de los símbolos de la discusión sobre la transparencia en la gestión de la pandemia y el uso de los recursos sanitarios en Argentina. El expediente judicial busca establecer no solo la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron estos beneficios indebidos, sino también el grado de compromiso penal de quienes aceptaron ser inmunizados por fuera de las normas generales.
- Las indagatorias se extenderán durante varias semanas en los tribunales federales.
- Los imputados deberán explicar en qué condiciones accedieron a las vacunas y quién gestionó sus turnos.
- Las declaraciones podrían derivar en procesamientos, sobreseimientos o nuevas líneas de investigación.
Para el fiscal Eduardo Taiano, quienes se vacunaron irregularmente “aceptaron y recibieron vacunas contra el Covid-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados”.
Con el inicio de esta nueva ronda de declaraciones, la Justicia busca avanzar hacia una definición sobre la responsabilidad penal de los involucrados y enviar una señal sobre los límites en el uso de recursos públicos en contextos de emergencia. El desarrollo de las próximas audiencias será clave para determinar si el caso avanza hacia una etapa de juicio oral o si se redefine el alcance de las imputaciones actuales.
