Durante la mañana del viernes, Cecilio Salazar, actual intendente de San Pedro, declaró como testigo en el juicio contra el sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro.
Durante la quinta jornada del juicio oral y público contra Maximiliano Cabaleyro, que se desarrolla en estos momentos en el Palacio de Tribunales de San Nicolás, el intendente de San Pedro Cecilio Salazar será uno de los testigos en declarar.
El pasado jueves, en el cuarto día de debate, declararon alrededor de ocho testigos, entre ellos un proveedor de servicios de mantenimiento, trabajadores de la empresa que no participaron de la protesta y dos miembros de la familia propietaria de la firma denunciante.
Entre esos testimonios, el más relevante fue el del encargado de efectuar mantenimientos en la empresa Rey. El hombre declaró de forma extensa y, entre sus dichos, habló de haber presenciado en ocasiones la entrega de sobres, que presuntamente contendrían dinero, a representantes del sindicato de camioneros. Fue indagado a fondo por la defensa sobre ese tema y, entre otras cosas, sobre detalles edilicios que podrían justificar la medida de fuerza, apuntando contra el argumento de la acusación que señala que los bloqueos se originaron en la suspensión del pago de coimas. Pagos que los dueños de la distribuidora Rey aseguran que venían realizando desde 2017. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 8 de octubre. Entre los próximos testigos se cuentan representantes de OIT, funcionarios contables del sindicato y peritos calígrafos. Este viernes se espera que preste declaración el intendente de San Pedro, Cecilio Zalazar, quien se había reunido con miembros de la familia durante los bloqueos en febrero de 2021.
Además de Cabaleyro, seis exempleados de la pyme son juzgados por impedir el ingreso y egreso de vehículos, mercadería y personal de la distribuidora durante el bloqueo realizado por Camioneros entre el 22 y el 26 de febrero de 2021. Se trata de Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez (sobre los que no pesa prisión preventiva), quienes afrontan el proceso por el bloqueo de los ingresos a la planta durante el reclamo.
Por su parte, Fernando Espíndola no participa en este juicio, ya que en los primeros días de septiembre optó por un procedimiento abreviado. La homologación del acuerdo al que arribaron el imputado, el fiscal y el defensor está pendiente de la decisión de la jueza Elena Baquedano. En caso de ser declarado culpable, tendrá una pena máxima de seis años de prisión.
