La Cancillería sostuvo que el procedimiento busca preservar los derechos argentinos sobre los recursos naturales del área en disputa. Londres había calificado la iniciativa como un intento de “socavar la prosperidad y la seguridad económica” de los habitantes de las islas.
La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, defendió este jueves por la mañana el pedido de arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera del Proyecto Sea Lion en el área de las islas Malvinas. A través de un comunicado, rechazó las declaraciones del Reino Unido contra ese procedimiento y sostuvo que recurrir a un tribunal constituye una vía legítima para resolver la controversia.
El intercambio diplomático se produjo ante el avance de la iniciativa de la compañía británica Rockhopper y la empresa israelí Navitas Petroleum, que prevé extraer petróleo a 200 kilómetros del archipiélago. La Argentina reclama la soberanía de las islas, que administra el Reino Unido.
Horas antes, la subsecretaria parlamentaria de Estado británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, había calificado el pedido argentino como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”. También afirmó que los habitantes de las islas eligieron libre y democráticamente su futuro y defendió su derecho a desarrollar y gestionar los recursos naturales sin interferencias de terceros.
En su respuesta, el Gobierno argentino negó que el recurso al arbitraje persiga ese objetivo. “Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado”, expresó la Cancillería, y agregó que la iniciativa busca “preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”.
Los argumentos de la Cancillería
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que ambos países son Estados partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Según sostuvo, al ratificar ese tratado aceptaron los procedimientos obligatorios de solución de controversias previstos en su Parte XV.
El comunicado también recogió la afirmación de Kumaran de que las actividades hidrocarburíferas británicas se desarrollan en conformidad con el derecho internacional. “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”, manifestó la Cancillería, que expresó su confianza en los árbitros independientes y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Para fundamentar su posición, la Argentina citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica a la disputa de soberanía. También mencionó la Resolución 31/49, que instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introdujeran modificaciones unilaterales mientras continuara abierto ese proceso.
La Cancillería sostuvo que la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye una modificación unilateral de ese tipo. Afirmó, además, que la Argentina planteó la cuestión por canales diplomáticos y que, ante lo que describió como una persistente negativa británica a negociar, recurrió a las vías jurídicas previstas por la Convemar.
El reclamo de soberanía y las negociaciones
Otro punto del comunicado fue el rechazo argentino al uso del principio de libre determinación para los actuales habitantes de las islas. El Ministerio sostuvo que las Naciones Unidas no lo han aplicado a esa población y reafirmó el compromiso de respetar su modo de vida, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
La Cancillería también lamentó que el Reino Unido pusiera en duda la confiabilidad de la Argentina como socio por recurrir al arbitraje. “La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos”, señaló, y defendió su actuación como parte del cumplimiento de un tratado que ambos países suscribieron.
En el cierre, el Gobierno argentino reiteró su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la cuestión Malvinas. Al mismo tiempo, afirmó que continuará defendiendo sus derechos mediante “el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional”.
