Diputados y ONG impulsan una ley clave para los barrios populares
NewsITe
A menos de mes y medio de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, un amplio abanico de diputados nacionales, junto a organizaciones sociales y religiosas, presentó en el Congreso un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares. La iniciativa apunta a garantizar financiamiento estable para obras de urbanización e integración socio-urbana en los asentamientos más vulnerables del país.
El texto propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en más de 6.400 barrios populares donde viven más de cinco millones de personas, entre ellas alrededor de 1,7 millones de niñas y niños. El objetivo es asegurar la continuidad de los trabajos de infraestructura básica y la regularización de estos barrios, en un contexto en el que el proyecto de Presupuesto 2027 no prevé partidas para ese fin.
El proyecto fija un piso de financiamiento equivalente al 0,0375% del PBI a partir de 2027, con un cronograma progresivo hasta 2036. También plantea reactivar y fortalecer el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) como herramienta central para canalizar los recursos hacia obras de agua potable, cloacas, electricidad segura, apertura y mejora de calles, y equipamiento comunitario.
Según se informó, más de 140 diputados y diputadas de 12 bloques, con representación de 11 provincias, adhirieron a la propuesta, lo que evidencia un nivel de apoyo transversal poco habitual. En la presentación tomó la palabra monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, acompañado por referentes políticos como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Fernanda Miño (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), además de la dirigente comunitaria Araceli Ledesma, del barrio Lagomarsino, en Pilar, referente de la ONG TECHO.
Críticas al Presupuesto 2027 y llamado a sostener una política de Estado
El contexto político de la iniciativa está marcado por la ausencia de recursos específicos para la integración socio-urbana en el Presupuesto 2027. A una década de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), las organizaciones advierten que, si no se modifica el proyecto de ley de gastos, se paralizarán los avances logrados en los últimos años.
Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO Argentina, sostuvo que la propuesta “no es contra el Gobierno, es a favor de un millón y medio de chicos” que viven en barrios vulnerables. Remarcó que la integración socio-urbana supone garantizar servicios básicos como agua potable, cloacas y electricidad segura, así como condiciones que permitan, por ejemplo, que los niños puedan ir a la escuela incluso cuando llueve.
“Si el Presupuesto sale como está, en los barrios populares la inversión será cero. Es un mensaje demoledor para el medio millón de chicos y chicas que esperan agua potable, electricidad segura y la posibilidad de ir al colegio en condiciones dignas”, advirtió Maquieyra.
El dirigente también contó que planteó el tema en el Consejo Asesor de Políticas Sociales, donde la respuesta oficial fue que la vivienda no forma parte hoy de las competencias del Ministerio de Capital Humano. Para las organizaciones, sin embargo, no puede haber una política de desarrollo robusta sin una política de vivienda sólida y sostenida en el tiempo.
En la misma línea, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman definió la urbanización de barrios populares como una de las pocas políticas de Estado que había en la Argentina y acusó al Gobierno de desmantelarla. Diputados y organizaciones coincidieron en que, frente al recorte presupuestario, será clave construir acuerdos amplios en el Parlamento para garantizar la continuidad de las obras y evitar que millones de personas queden definitivamente relegadas de los servicios básicos.
