Organizaciones preparan una semana de protestas frente a la Corte

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Organizaciones políticas, sindicales y sociales se preparan para una serie de movilizaciones en rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras Rurales. Las protestas apuntan al máximo tribunal y al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno nacional, al que acusan de habilitar la compra irrestricta de tierras por parte de capitales extranjeros.
El primer llamado a las calles será este viernes 2 a las 17, cuando el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), junto a agrupaciones sociales, se concentrará en Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, buscarán «organizar la bronca» contra lo que definen como un «fallo nefasto» de la Corte Suprema, al tiempo que exigirán la anulación del DNU 70/2023, norma que derogó la Ley de Tierras sancionada en 2011 durante el kirchnerismo.
En la misma línea, el lunes 5, en horario a confirmar, la agrupación Pueblo Unido Autoconvocado (PUA) encabezará otra movilización. La columna partirá desde el Congreso de la Nación y se dirigirá hasta el Palacio de Tribunales, en Talcahuano 550, epicentro de las críticas por la decisión judicial que, según denuncian, «permite a extranjeros adquirir territorio argentino por medio de compras».
ATE impulsa una gran marcha y crecen las críticas al fallo
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y a las principales centrales obreras articular «una gran movilización a la Corte» para repudiar el fallo. El dirigente sostiene que el objetivo es «defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras», un reclamo que vuelve al centro de la escena política y gremial.
Aguiar afirmó que la decisión del máximo tribunal constituye «una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras». Para el dirigente estatal, el pronunciamiento judicial «restringe la democracia a su mínima expresión», al considerar que los jueces están asumiendo un rol de gobierno y «habilitan el saqueo» de los recursos del país.
Qué resolvió la Corte Suprema y por qué es polémico
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó una decisión previa de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. Con esta resolución, volvió a quedar firme la derogación de la Ley de Tierras Rurales, norma que fijaba límites a la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras.
- La Corte entendió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había impulsado la demanda, no tenía legitimación procesal para actuar en defensa de la soberanía territorial.
- Al revocar el fallo de la Cámara platense, el máximo tribunal reinstaló plenamente la vigencia del DNU en el punto que derogó las restricciones para la venta de tierras a capitales extranjeros.
«Tres personas llamadas ‘supremos’ no electos por nadie deciden contra la voluntad inmensamente mayoritaria del pueblo», cuestionó el dirigente del FIT Gabriel Solano, quien sostuvo que «la casta judicial labura para los grandes capitales extranjeros que buscan acaparar tierras para sus negocios».
Con el escenario legal redefinido por la Corte y el calendario de marchas en marcha, el debate sobre la propiedad y el control de las tierras vuelve a concentrar la atención política. Las próximas movilizaciones buscarán medir el descontento social frente a un fallo que, según sus críticos, abre la puerta a una nueva etapa de extranjerización del territorio argentino.

