Caso Vialidad: una nueva instancia para los hijos de Cristina Kirchner

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 concedió un recurso de casación a Máximo y Florencia Kirchner, así como a Sebastián José Sánchez, director de las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., en el marco de la causa Vialidad. La decisión abre una nueva instancia para intentar frenar el embargo y eventual decomiso de bienes vinculados a las firmas familiares.
La resolución fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, quienes habilitaron que las presentaciones defensivas lleguen a la Cámara Federal de Casación Penal. La información fue confirmada por fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.
Los hijos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habían apelado el rechazo previo del tribunal a los recursos de su abogado, Luis Joel Goldin. La defensa sostiene que las medidas cautelares dispuestas son equiparables a una sentencia definitiva porque implican un “gravamen de imposible reparación ulterior” y suponen avanzar con actos preparatorios de desapoderamiento sobre sus bienes.
Entre los argumentos, Goldin remarcó que aún está pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema que cuestiona la cuantificación y procedencia del decomiso sobre ciertos activos. En ese contexto, advirtió que la ejecución de las medidas podría generar perjuicios patrimoniales que tornarían ineficaz una eventual revisión posterior por parte del máximo tribunal.
Hotesur y Los Sauces, en el centro de la disputa judicial
El abogado también representa a Sebastián José Sánchez, director de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. En su presentación, sostuvo que diferir la intervención plena de las empresas mientras rigen embargos y otras cautelares sobre sus bienes genera un daño irreparable y coloca a las sociedades en una situación de indefensión jurídica.
Además, cuestionó que el tribunal no haya contemplado la personalidad jurídica diferenciada y la autonomía patrimonial de las sociedades, al tiempo que denunció una afectación a los derechos de propiedad y de defensa en juicio de las firmas vinculadas a la familia Kirchner.
Si bien los jueces del TOF N° 2 remarcaron que las medidas cautelares “no constituyen sentencia definitiva” ni ponen “fin a la acción o a la pena”, entendieron que, dadas las características del caso y los agravios señalados por las defensas, correspondía habilitar la vía de casación para que el planteo sea revisado por una instancia superior.
Embargos millonarios y bienes bajo la lupa
De esta manera, Máximo y Florencia Kirchner, junto con Sánchez, buscarán ahora que la Cámara de Casación reevalúe el alcance del embargo y del posible decomiso sobre bienes de Los Sauces y Hotesur. Entre ellos figuran el departamento de San José 1111, propiedades en el complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires, y otros inmuebles en la provincia de Santa Cruz.
El TOF N° 2 había dispuesto a fines de agosto un embargo preventivo por un total cercano a los $684.990.350.139,86, con el objetivo de preservar los bienes hasta que se defina en forma definitiva el decomiso. Estas medidas forman parte de las decisiones adoptadas luego de la condena en la causa Vialidad, en la que Cristina Fernández de Kirchner recibió una pena de seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- El recurso de casación fue habilitado por el TOF N° 2 ante el planteo de “gravamen irreparable”.
- Las defensas cuestionan la cuantificación del decomiso y la extensión de las medidas cautelares.
- Los bienes afectados incluyen propiedades en Buenos Aires y Santa Cruz.
“Las cautelares no constituyen sentencia definitiva, pero ante los agravios invocados corresponde habilitar la instancia de Casación”, señalaron los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2.
Con este nuevo capítulo, la causa Vialidad vuelve a colocar en el centro del debate judicial y político el alcance de las condenas, el rol de las medidas patrimoniales y el impacto sobre el patrimonio de la familia Kirchner, mientras se aguarda la intervención de la Cámara de Casación y, en última instancia, de la Corte Suprema.

