La Justicia vuelve a intimar al Ejecutivo por fondos universitarios

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La Justicia federal en lo contencioso administrativo volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla plenamente con la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar una apelación presentada por el Poder Ejecutivo y otorgarle un plazo de cinco días para acatar la medida cautelar vigente.
La resolución estuvo a cargo del juez Martín Cormick, quien ratificó su fallo anterior y señaló que el cumplimiento informado por el Gobierno es, en el mejor de los casos, parcial. El magistrado analizó las respuestas oficiales y concluyó que no se acreditó que las actualizaciones salariales y el refuerzo de becas se hayan ejecutado de acuerdo a lo que exige la normativa.
La cautelar obliga al Ejecutivo a aplicar de inmediato los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795. Estas disposiciones contemplan, por un lado, la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley; y, por otro, la recomposición integral de todos los programas de becas destinados a estudiantes de universidades públicas.
Inflación, paritarias y cuestionamientos al cumplimiento oficial
En su fallo, Cormick sostuvo que, si bien el Gobierno convocó a instancias de negociación paritaria y emitió órdenes de pago, no demostró que los aumentos otorgados se hayan calculado con los parámetros previstos por la ley. Según el juez, debería haberse tomado en cuenta la variación de precios relevada por el INDEC para ese período.
El magistrado citó datos oficiales de inflación y recordó que, entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2024, el índice acumulado superó el 300%. “No se advierte de las propias respuestas de la parte demandada, las cuales refieren a los expedientes correspondientes a las erogaciones, que se haya alcanzado dicho incremento”, subrayó en su resolución, al remarcar la distancia entre la actualización efectivamente otorgada y el deterioro del poder adquisitivo.
Respecto de las becas estudiantiles, el fallo remarca que el propio Gobierno reconoció haber avanzado únicamente sobre una de ellas, la Beca Manuel Belgrano, sin demostrar una recomposición general del resto de los programas vigentes. Para el juez, ese accionar no resulta suficiente para considerar cumplida la orden judicial.
Paro universitario de 72 horas y tensión política
La decisión judicial se conoce en paralelo a un paro nacional docente y no docente de 72 horas en las universidades públicas de todo el país, medida de fuerza con la que los gremios reclaman la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial estimada en el 33,4%, en línea con la pérdida sufrida frente a la inflación.
- Ratificación de la cautelar que obliga a actualizar salarios universitarios.
- Orden de recomponer todos los programas de becas para estudiantes.
- Rechazo a la apelación del Gobierno y nuevo plazo de cinco días.
- Paro universitario de 72 horas en reclamo de fondos y mejoras salariales.
“Lo señalado permite aclarar (…) que el cumplimiento informado tampoco alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente”, advirtió el juez Cormick al evaluar la respuesta oficial sobre las becas estudiantiles.
El conflicto por el financiamiento universitario suma así un nuevo capítulo en el plano judicial y mantiene alta la tensión política con el sistema universitario público, que exige previsibilidad presupuestaria, defensa del salario docente y garantías para la continuidad de las becas que sostienen a miles de estudiantes en todo el país.

