Casa Rosada recalibra su estrategia tras el revés parcial judicial
NewsITe
Tras el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el Gobierno nacional decidió bajar el tono de la confrontación pública y concentrarse en una estrategia política para blindar el decreto, considerado clave para la gestión libertaria.
En los despachos de la Casa Rosada interpretan que la decisión del Máximo Tribunal abre una ventana de negociación con los bloques aliados en el Congreso. La lectura oficial es que, si bien la Corte no resolvió el fondo de la cuestión —es decir, la validez constitucional del artículo cuestionado—, sí generó un clima más favorable para encarar acuerdos legislativos que fortalezcan el andamiaje normativo del DNU.
En ese marco, una de las alternativas que evalúa el oficialismo es reflotar la discusión de la Ley de Tierras en Diputados, dentro del debate más amplio sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. La apuesta es utilizar esa discusión como moneda de cambio con los aliados para asegurar respaldo al DNU 70/2023, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Fuentes legislativas señalaron ante la Agencia Noticias Argentinas que se busca evitar que, en el plano discursivo, la Ley de Tierras quede atada al debate sobre el DNU. “Puede ser una ventana de oportunidades. La oposición quiere voltear el DNU y para eso tenemos que explicar bien y evitar que discursivamente la Ley de Tierras se mezcle con este tema”, sostuvo una voz con despacho en el Congreso.
Negociaciones con aliados y debate en el Congreso
En la administración libertaria trabajan sobre la hipótesis de reintroducir la Ley de Tierras en la Cámara baja y aceptar modificaciones que pudieran plantear los bloques aliados. De prosperar ese esquema, el proyecto debería regresar al Senado, pero al mismo tiempo serviría como herramienta política para sostener el DNU, al que en Balcarce 50 definen como un “garante de gobernabilidad”.
“La idea es ceder algunos aspectos de Inviolabilidad, pero te garantizás el decreto 70/2023, que es una herramienta de gobernabilidad. Los aliados no van a querer prenderse en esa”, resumió un funcionario cercano al oficialismo, graficando la lógica de concesiones que se evalúa puertas adentro.
Sin embargo, dentro del propio Poder Ejecutivo no hay una mirada uniforme sobre la conveniencia de vincular ambos debates. Algunos funcionarios prefieren evitar lo que describen como una “dicotomía” entre el fallo de la Corte y la discusión parlamentaria, y enfatizan que el pronunciamiento del Tribunal se centró en cuestiones procesales.
El alcance del fallo de la Corte Suprema
La Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había hecho lugar a una acción de amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que reclamaba la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU 70/2023. El Máximo Tribunal consideró que no se encontraba acreditada la legitimación suficiente para impulsar ese reclamo en los términos planteados.
“Hay una lectura no muy jurídica que se hizo. Se rechazó por una cuestión procesal, de legitimación. El fallo es correcto, favorable, pero no definitivo porque la Corte no resolvió la cuestión jurídica de fondo”, explicó un funcionario al tanto del expediente, marcando que el escenario judicial todavía no está cerrado y que podrían surgir nuevos cuestionamientos por otras vías.
“El fallo es favorable, pero no definitivo porque la Corte no resolvió la cuestión jurídica de fondo”, admiten en el Gobierno, donde igual lo leen como un alivio político inmediato.
Mientras el presidente Javier Milei se encuentra en París participando de la Argentina Week, gran parte del Gabinete integra la comitiva oficial. Aun así, el oficialismo deberá definir en los próximos días la hoja de ruta para sostener un DNU considerado estructural y, al mismo tiempo, conservar el respaldo de sus socios parlamentarios frente a una oposición que insiste en limitar el alcance de las facultades delegadas al Ejecutivo.
