La tercera jornada del juicio por extorsión contra el dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro sumó tres testimonios y se inició con el relato de Ariel Rey, uno de los propietarios de la empresa de San Pedro que sufrió el bloqueo gremial en 2021. El empresario indicó que era Fernando Espíndola quien les exigía pagos indebidos diciendo «Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro»
De la redacción de DEL NORTE
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Se desarrolló este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás la tercera jornada del juicio oral y público contra el dirigente gremial camionero Maximiliano Cabaleyro. Está respondiendo ante los estrados en la causa que lo señala como responsable de los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión por hechos ocurridos en San Pedro y denunciados en 2021.
El debate se reabrió con el esperado testimonio de Ariel Rey, copropietario de la empresa Rey Distribución cuya planta en la ciudad de San Pedro fue objeto de un bloqueo que se extendió por cinco días y que denunció un accionar sindical extorsivo.
El testimonio de Rey, quien es además concejal en el municipio sampedrino, se extendió por más de seis horas con un relato pormenorizado. Ahondó en las acusaciones que dieron motivo a la causa penal que ahora se acerca a un esperado veredicto y por la cual Cabaleyro se encuentra bajo prisión preventiva desde mayo de 2022, aunque actualmente cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Entre sus dichos ante el Juez Alejandro López, Ariel Rey recordó la difícil situación vivida, el temor familiar ante los conflictos con el gremio y aseguró que la pérdida que en ese momento fue valuada en alrededor de 12 millones y medios de pesos hoy con los cálculos del indec llegaría a más de 370 millones. Afirmó también que Fernando Espíndola (el otro dirigente gremial denunciado e imputado que fue detenido el mismo día que Cabaleyro) era el recaudador de la organización gremial ante la empresa Rey Distribución. «Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes. Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro», habría sido la exigencia recurrente de Espíndola, que habría derivado en pagos mensuales desde 2017, según el testimonio de Ariel Rey.
Por su parte la defensa durante los testimonios hizo hincapié a la hora de preguntar en deficiencias edilicias, irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa respecto de los empleados y volvieron a justificar los hechos encuadrándolos en un justo reclamo. Apuntó también entre sus preguntas a reafirmar que los pedidos de dinero no habían sido hechos directamente por Cabaleyro.
Fernando Espíndola, no participa en este juicio ya que en los primeros días de setiembre optó por un procedimiento abreviado. La homologación del acuerdo al que arribaron el imputado, el fiscal y el defensor está pendiente de la decisión de la jueza Elena Baquedano. En caso de que lo declaren culpable, tendrá una pena máxima de 6 años de prisión.
Otros dos testigos cerraron la jornada. Se trató de la propietaria de un comercio vecino a la empresa que relató haber sido esos días víctima indirecta del bloqueo y que detalló haber padecido además el humo de la quema de gomas y un estruendo que le pareció “como de una bomba”. El ultimo relato fue el de la esposa de Ariel Rey que recordó los hechos entre lágrimas y tuvo alguna contradicción con su primera declaración ante la justicia acerca de la naturaleza del pago cuyo dinero se entregó en la famosa caja de chocolino. En la primera oportunidad mencionó que eran exigidos como “aportes” (sin especificar de qué tipo) y ante el tribunal lo atribuyó al pago de “coimas”. Esta diferencia fue aprovechada por la defensa para poner en duda su naturaleza y cuestionar a la testigo.
El otro Rey
El lunes, en la jornada inaugural del debate oral y público y luego de los alegatos iniciales de la parte acusadora, del particular damnificado y de las defensas, había declarado Gustavo Rey, hermano de Ariel y también copropietario de la empresa familiar.
Gustavo Rey había ratificado las denuncias que dieron origen a la causa y relató las amenazas, presiones y exigencias de dinero que, según sostuvo, la empresa habría sufrido por parte de dirigentes del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, seccional con jurisdicción sobre San Pedro.
“Fue una terrible embestida. Nos apretaban de todos lados. Llamaban a las empresas para que no nos abastezcan. Había que pagar lo que ellos decían”, dijo el empresario al reconstruir los hechos investigados.
La parte acusadora está integrada por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, y por Florencia Arietto, actual Senadora bonaerense, como representante del particular daminificado y quien desde el Movimiento Empresario Anti Bloqueo asiste a empresas víctimas de bloqueo por parte de sindicatos. Arietto estuvo presente el lunes en las primeras horas y luego se retiró dejando a cargo a las abogadas Cintia Liwsky y Camila Pintos).
Por la defensa actúan los abogados Ignacio Baldarenas y Mauricio Gugger por Cabaleyro y Gabriel Ruiz por los ex empleados.
Recordemos que además de Cabaleyro, seis ex empleados de la pyme son juzgados por impedir el ingreso y egreso de vehículos, mercadería y personal de la distribuidora durante el bloqueo realizado por Camioneros entre el 22 y el 26 de febrero de 2021. Se trata de Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez (sobre los que no pesa prisión preventiva) es por el bloqueo de los ingresos a la planta durante el reclamo.
