Diputados abre el debate por una nueva ley de soberanía
NewsITe
La Cámara de Diputados comenzará este miércoles el tratamiento en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno, que apunta a endurecer el esquema de sanciones contra empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina y a crear un nuevo Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades.
El análisis se realizará al mediodía en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente. La primera reunión tendrá carácter informativo y contará con la exposición de funcionarios nacionales y especialistas en política internacional, hidrocarburos y energía.
De acuerdo con el cronograma difundido, el oficialismo buscará firmar dictamen el martes 6 de octubre, con el objetivo de llevar el texto al recinto en la sesión prevista para el 7 de octubre. Ese día también se incluirían otros proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento, en una agenda que combina temas sociales, económicos y de seguridad.
Más controles y penas para empresas que exploten recursos en Malvinas
Uno de los ejes centrales del proyecto es la sustitución de la Ley 26.659, que actualmente regula las actividades vinculadas con hidrocarburos en el Atlántico Sur. La nueva norma amplía el alcance de las prohibiciones a todo tipo de explotación no autorizada de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, en las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes.
La iniciativa prevé la creación de un Registro Público de Infractores, en el que se inscribirán personas físicas y jurídicas que participen de estas actividades. Quienes figuren en ese listado quedarán inhabilitados para ser contratistas del Estado y también verán restringida su posibilidad de celebrar operaciones con privados en territorio argentino.
En el plano penal, el proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten recursos naturales en la zona en disputa o colaboren con tales emprendimientos. A la vez, introduce la figura del juicio en ausencia para poder avanzar judicialmente aun cuando los acusados no se encuentren en el país, y contempla inhabilitaciones específicas para operar en el mercado local.
Un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades
Otro capítulo clave es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la agencia de inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Este organismo apuntará a coordinar las respuestas del Estado frente a amenazas complejas, que combinan dimensiones diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.
Frente a una amenaza calificada como grave e inminente, el Consejo podría ordenar medidas de emergencia, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, suspender licencias y contratos, imponer trabas temporales a importaciones y exportaciones e incluso elevar transitoriamente los derechos aduaneros. Se trata de herramientas que, según el Gobierno, buscan dotar de mayor capacidad de reacción al Estado ante escenarios críticos.
Derribo de aeronaves, nuevos delitos y lucha contra la desinformación
Entre las facultades más sensibles que se incluyen en el proyecto se encuentra la posibilidad de autorizar, como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles. Estas medidas, según el texto, se aplicarían bajo estrictos protocolos y solo tras agotar todas las instancias previas de disuasión y advertencia.
La propuesta incorpora además nuevas figuras penales vinculadas con la seguridad nacional, como la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y la interferencia financiada desde el exterior para alterar procesos electorales. También se prevén castigos para campañas coordinadas de desinformación masiva y para quienes promuevan o financien actos de violencia o sabotaje.
En la misma línea, el proyecto restringe los aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas del exterior a partidos políticos y campañas electorales, con el objetivo de limitar la injerencia externa en la vida institucional argentina.
Defensa, seguridad interior y combate al terrorismo
Otra modificación relevante es la redefinición de las funciones de la Defensa Nacional, que podría intervenir en cuestiones de seguridad interior ante determinadas amenazas externas, ya sean estatales o de grupos no estatales. El texto incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que ya opera en la práctica.
La inclusión formal del RePET permitirá ordenar la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar ciertas operaciones económicas y financieras con personas u organizaciones asociadas al terrorismo o su financiamiento. Con este paquete de medidas, el Gobierno busca exhibir una política más robusta frente a los desafíos en el Atlántico Sur, en particular la causa Malvinas, y también frente a las nuevas amenazas híbridas que combinan inteligencia, ciberataques y desinformación.
El debate en Diputados marcará el primer test político de una reforma que cruza soberanía sobre Malvinas, seguridad nacional y regulación del sistema político.
Con el inicio del trabajo en comisiones, comenzará también la pulseada entre oficialismo y oposición sobre el alcance de estas facultades y el equilibrio entre la defensa de la soberanía, los derechos humanos y las garantías constitucionales.
