La Corte ordena revisar la absolución del ex jefe del Ejército
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio marcha atrás con la absolución de César Santos del Corazón de Jesús Milani, ex jefe del Ejército, en la causa por la desaparición del soldado conscripto Agapito Ledo, ocurrida en junio de 1976 durante la última dictadura militar. El máximo tribunal hizo lugar a los recursos de la Procuración General y de las querellas y ordenó que la resolución que había favorecido al militar sea nuevamente revisada.
Por mayoría, los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci, consideraron que los tribunales inferiores no evaluaron de manera adecuada el conjunto de las pruebas disponibles. En particular, señalaron que la absolución fundada en el “beneficio de la duda” no se sostenía frente a las constancias del expediente, tal como había sido planteado por el procurador general interino, Eduardo Casal.
La Procuración había cuestionado que el Tribunal Oral Federal de Tucumán y la Cámara Federal de Casación Penal dieran por sentado que Milani desconocía que Ledo podía haber sido víctima de un delito y no un simple desertor. También objetó que no se tuviera debidamente en cuenta que el entonces subteniente habría falseado datos al afirmar que el conscripto se llevó sus pertenencias al momento de su presunta deserción, extremo que para la acusación formaba parte del encubrimiento.
En un voto concurrente, el conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas coincidió en dejar sin efecto la absolución y criticó que se analizara “en abstracto” el rol de Milani, sin considerar el contexto represivo de la época ni la gravedad de que se calificara como un trámite administrativo una desaparición forzada. En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz sostuvo que debía mantenerse la absolución, al entender que la participación individual de cada imputado en delitos de lesa humanidad debe probarse más allá de toda duda razonable.
El caso Ledo, una desaparición en plena dictadura
Agapito Ledo era un joven estudiante de historia que realizaba trabajo social en La Rioja junto al obispo Enrique Angelelli y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Al mismo tiempo cumplía con el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 del Ejército Argentino, con asiento en esa provincia.
La noche del 17 de junio de 1976, Ledo fue retirado por la fuerza de la cama en la que dormía y nunca más se supo de él. Testigos lo ubicaron por última vez en diciembre de ese año en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en San Miguel de Tucumán, uno de los centros clandestinos de detención que operaron durante el terrorismo de Estado. Desde entonces continúa desaparecido.
En el juicio oral, el excapitán Esteban Sanguinetti fue acusado por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Ledo. Milani, por su parte, fue juzgado como presunto encubridor y autor de falsedad ideológica por haber confeccionado el acta de deserción. En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a Sanguinetti a 14 años de prisión pero absolvió a Milani por el beneficio de la duda, criterio que fue confirmado en 2021 por la Sala I de la Cámara de Casación.
Qué implica el fallo de la Corte y los pasos a seguir
- La Corte dejó sin efecto la absolución de Milani al considerar que la evaluación de la prueba fue deficiente.
- El expediente volverá a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá integrarse de nuevo para revisar el caso.
- La decisión se enmarca en la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Fuentes judiciales indicaron que la Cámara de Casación, con otra integración, tendrá que realizar un nuevo análisis de responsabilidad penal sobre la base de las pruebas ya existentes, sin que ello implique una condena automática, pero sí la obligación de fundar con mayor rigor cualquier decisión futura.
El fallo vuelve a poner bajo la lupa el rol de las Fuerzas Armadas y de sus cuadros medios y altos en el entramado represivo de los años setenta. La revisión de la situación de Milani, que ya había enfrentado otros procesos vinculados a crímenes de lesa humanidad, se inscribe en la política de memoria, verdad y justicia que la Argentina sostiene desde hace décadas y que sigue generando repercusiones en la escena judicial y política.
