Más de la mitad de los presos siguen sin condena firme
NewsITe
Un reciente informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación volvió a encender las alarmas sobre la situación de los complejos penitenciarios federales de Ezeiza y Marcos Paz. El relevamiento, correspondiente al período enero-junio de 2026, advierte que en ambos establecimientos más del 50% de las personas privadas de libertad no cuenta con condena firme, es decir, se encuentran procesadas a la espera de una sentencia definitiva.
El estudio analiza la evolución de la población carcelaria, la situación procesal de los internos, las condiciones materiales de detención, los reclamos recibidos, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos registrados y las medidas de fuerza llevadas adelante por los detenidos. Los datos vuelven a poner en debate el uso excesivo de la prisión preventiva y la capacidad del sistema judicial para dar respuesta en plazos razonables.
En el Complejo Penitenciario Federal N°2 de Marcos Paz, destinado a varones mayores de 18 años, a junio de 2026 se encontraban alojadas 1.875 personas privadas de libertad, distribuidas en cinco unidades residenciales. La cifra se ubica por debajo de la capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal (2.000 plazas), lo que deja un margen de 125 lugares disponibles y evita, al menos en términos formales, un escenario de hacinamiento extremo.
Sin embargo, el dato más llamativo en Marcos Paz es el procesal: casi el 57% de las personas detenidas está procesada sin condena firme, lo que implica que más de cinco de cada diez internos permanece encerrado a la espera de una resolución judicial definitiva. En el primer semestre se registraron 1.237 reclamos vinculados, principalmente, con el acceso a la salud, las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.
Muertes, reclamos y medidas de fuerza en Marcos Paz
El informe da cuenta de tres fallecimientos en Marcos Paz durante los primeros seis meses de 2026, todos ellos asociados a enfermedades y no a hechos violentos. Aun así, la Procuración subraya la necesidad de reforzar los dispositivos de atención sanitaria intramuros y el acceso oportuno a controles y tratamientos médicos.
En el mismo período se registraron 14 medidas de fuerza impulsadas por los internos. Nueve de ellas correspondieron a huelgas de hambre, tres a ingestas de elementos no consumibles y dos a episodios de autolesiones. Estas acciones extremas suelen vincularse con reclamos por traslados, condiciones edilicias y demoras en la tramitación de las causas judiciales.
La situación en Ezeiza: más presos y mayor número de muertes
El Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza aloja, al igual que Marcos Paz, a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026, había 1.905 personas privadas de libertad distribuidas en siete unidades residenciales. La capacidad oficial informada por el Servicio Penitenciario Federal es de 1.947 plazas, por lo que el establecimiento contaba con 42 lugares disponibles, un margen aún más ajustado que en Marcos Paz.
En materia procesal, la foto es similar: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza se encuentra procesado sin condena firme. De enero a junio se contabilizaron 1.472 demandas elevadas a la Procuración, principalmente referidas a cuestiones de salud, condiciones materiales de encierro, acceso a la justicia y pedidos de traslados o cambios de pabellón.
Más fallecimientos y protestas en el penal de Ezeiza
Uno de los datos más sensibles del informe es la cantidad de muertes registradas en Ezeiza: 15 durante el primer semestre de 2026. Diez de esos fallecimientos respondieron a causas naturales o enfermedades, mientras que los otros cinco fueron catalogados como muertes violentas. Según detalla el organismo, cuatro correspondieron a casos de ahorcamiento y uno a un incendio, lo que vuelve a plantear interrogantes sobre los protocolos de prevención del suicidio y la respuesta ante emergencias.
En cuanto a las medidas de fuerza, el penal de Ezeiza acumuló 27 acciones colectivas y personales en seis meses. La mayoría estuvieron motivadas por reclamos de traslados, condiciones materiales de detención y atención médica. Veintiuna fueron huelgas de hambre, dos se registraron como autolesiones, otras dos como rechazos de alimentos, una como ingesta de elementos no consumibles y una última sin identificación precisa de la modalidad.
Para la Procuración Penitenciaria, los indicadores relevados en ambos complejos confirman la persistencia de problemas estructurales en el sistema penitenciario federal: elevado porcentaje de detenidos sin condena, grandes volúmenes de reclamos, tensiones que derivan en medidas de fuerza y un número significativo de fallecimientos. El organismo insiste en la necesidad de revisar el uso de la prisión preventiva, fortalecer los controles externos y garantizar estándares mínimos de derechos humanos en las cárceles federales.
