El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó verificar técnicamente ocho direcciones de criptomonedas con las que el exjefe de Gabinete buscó justificar casi US$600.000. También pidió reconstruir la situación patrimonial y los ingresos de Adorni y su esposa.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó nuevas medidas de prueba. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió avanzar con una verificación técnica de las ocho billeteras de Bitcoin que el exjefe de Gabinete presentó como respaldo para explicar el origen de casi US$600.000.
La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito y busca determinar si las explicaciones brindadas por Adorni permiten justificar la evolución de su patrimonio durante el período analizado.
Según la presentación realizada por la defensa, las ocho direcciones de Bitcoin registraron operaciones entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. La explicación sostiene que la liquidación de esas tenencias permitió obtener US$591.544,61, una cifra utilizada para justificar parte de los US$565.000 en efectivo que figuraron en declaraciones juradas bajo el concepto de “venta de activos”.
Cómo será la pericia sobre las criptomonedas
Pollicita solicitó que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, concurra a la Fiscalía acompañado por el perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado en el que se encuentran las claves privadas de las ocho billeteras.
La intención es realizar una prueba criptográfica que permita verificar si existe correspondencia entre las direcciones, las operaciones y las firmas digitales presentadas por la defensa. El procedimiento será registrado y las claves privadas permanecerán bajo resguardo de los representantes de Adorni.
La verificación estará a cargo de personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina. El procedimiento buscará establecer si las direcciones efectivamente estuvieron bajo control de quien las presentó y si los movimientos informados coinciden con las fechas y montos incluidos en el descargo.
La defensa, por su parte, había presentado un informe técnico de análisis forense y actuaciones notariales para respaldar la titularidad de las billeteras. También sostuvo que las operaciones de compra y venta de Bitcoin se realizaron entre particulares y que los dólares obtenidos fueron recibidos en efectivo, sin intervención de bancos o exchanges.
También investigan los ingresos y el patrimonio familiar
Además de las operaciones con criptomonedas, el fiscal pidió reconstruir la situación patrimonial y los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. La medida apunta a contrastar la explicación de la defensa, que atribuyó parte del capital utilizado posteriormente a ahorros familiares generados antes de las operaciones investigadas.
La Fiscalía también puso el foco en las obras realizadas en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En el expediente existen versiones diferentes respecto del costo de las refacciones.
Un contratista declaró haber recibido alrededor de US$245.000 por los trabajos, mientras que la defensa presentó una tasación realizada por un perito arquitecto que calculó el costo de las obras en US$174.954,58. La Fiscalía busca documentación que permita determinar el monto efectivamente abonado.
El descargo de Adorni
Las nuevas medidas se producen después de que Adorni respondiera un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal Pollicita. Su defensa presentó un escrito de 78 páginas en el que explicó la evolución de sus bienes y negó que hubiera existido un enriquecimiento sin justificación durante su paso por la función pública.
El argumento central sobre los dólares en efectivo es que una parte significativa del dinero provino de inversiones en Bitcoin realizadas antes de que Adorni ingresara a la función pública. Según la defensa, las operaciones generaron US$591.544,61 y los fondos fueron utilizados posteriormente para distintos gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias.
Ahora, la Fiscalía busca contrastar esas explicaciones con evidencia técnica y documental. Las medidas solicitadas deberán contar con la autorización del juez federal Ariel Lijo, quien interviene en el expediente.
