Un costo legislativo bajo la lupa en todo el país
NewsITe
En plena discusión sobre el ajuste del gasto público y la consigna oficial de la “motosierra”, un nuevo informe de la Fundación Libertad volvió a poner la lupa sobre el costo de las legislaturas provinciales. De acuerdo con el relevamiento correspondiente a los presupuestos 2026, cada uno de los 1.199 diputados y senadores provinciales del país implica, en promedio, un desembolso superior a los $1.500 millones al año.
En total, los 24 distritos destinan unos $1.835.300 millones al funcionamiento de sus poderes legislativos. Si se divide esa cifra por la cantidad de bancas, el resultado arroja un costo medio de $1.531 millones anuales por legislador, es decir, alrededor de $128 millones mensuales. El informe advierte que se trata de montos elevados tanto frente a otras partidas dentro de los propios presupuestos como en comparación con estándares internacionales y con la productividad legislativa medida en proyectos presentados y aprobados.
Los especialistas de la Fundación Libertad señalan que el análisis se realiza desde hace ocho años y muestra una persistente desproporción entre lo que se gasta en sostener las cámaras y la calidad del servicio que brindan. En ese sentido, remarcan que el funcionamiento legislativo suele quedar al margen de las grandes discusiones sobre reforma del Estado, pese a representar un componente estable y significativo del gasto provincial.
Tucumán, CABA y Chaco, entre los distritos más caros
El caso extremo es Tucumán, donde el Poder Legislativo, compuesto por 49 legisladores, demanda $3.725 millones por cada banca. Le sigue la Ciudad de Buenos Aires, que con 60 legisladores destina $3.402 millones por persona, mientras que Chaco ocupa el tercer lugar, con 32 parlamentarios y un costo de $3.057 millones por cada uno.
En el otro extremo aparecen San Luis y Santiago del Estero, que exhiben las estructuras más económicas: erogan $176 millones y $206 millones anuales por legislador, respectivamente. La comparación es contundente: el costo de un legislador tucumano supera en más de 21 veces al de un legislador de San Luis, aun cuando esta última provincia tiene más bancas (52).
En términos del peso dentro de los presupuestos, el gasto legislativo representa en promedio el 1,15% del total provincial. Sin embargo, hay fuertes disparidades: Tucumán destina el 3,66% de su presupuesto al Poder Legislativo, Catamarca el 2,64% y Chaco el 2,22%. Para los autores del estudio, estas cifras ganan relevancia cuando se las compara con otras erogaciones clave, como salud, educación o infraestructura.
El peso del personal y la estructura que rodea a cada banca
El informe subraya que el costo legislativo no se agota en las dietas de diputados y senadores. Cada banca arrastra un plantel de secretarios, asesores y empleados permanentes y transitorios que integran la estructura del Poder Legislativo. En promedio, casi el 85% de los recursos asignados a las cámaras se destina al gasto en personal.
Entre las provincias que informaron este dato, el porcentaje promedio de gasto en personal se ubica en el 84%. Río Negro encabeza la lista, con un 95% del presupuesto legislativo dedicado a sueldos, seguida por Formosa (94,2%), Mendoza y Santa Cruz (94%). En el otro extremo se encuentran Santa Fe (64,6%), San Luis (72,9%) y la Ciudad de Buenos Aires (73,2%), con una proporción algo menor, aunque igualmente predominante.
Otra dimensión analizada es la cantidad de personal por legislador. Corrientes lidera este ranking con 72 empleados por cada parlamentario, seguida por Chaco (70) y Formosa (62). En cambio, San Luis tiene apenas 2 empleados por legislador, Santiago del Estero cuenta con 5 y Córdoba con 8, lo que refleja modelos de organización muy diferentes entre jurisdicciones.
“En el marco del proceso de reducción y ordenamiento del gasto público impulsado por la actual gestión, el Poder Legislativo no debería quedar al margen. Quienes integran las cámaras provinciales tienen la responsabilidad de promover y encabezar esta transformación, dando respuesta a una demanda de mayor austeridad y eficiencia ampliamente extendida en la sociedad”, plantea el informe de la Fundación Libertad.
Para la entidad, la discusión de los presupuestos provinciales abre una oportunidad para revisar la escala y la eficiencia de las legislaturas, transparentar sus estructuras de personal y alinear el gasto con resultados concretos en términos de calidad institucional y servicio a la ciudadanía.
