Pagaron $110 millones de indemnización y fue reubicado al día siguiente
NewsITe
En medio del discurso oficial de austeridad y recorte del gasto público, salió a la luz un caso que pone bajo la lupa el uso de fondos estatales: el Estado nacional pagó una indemnización cercana a los 110 millones de pesos a un funcionario del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y, apenas un día después, ese mismo directivo volvió a integrar la nómina pública, esta vez en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Se trata de Daniel Alfredo Neira, quien dejó formalmente su cargo en el Enacom el 31 de julio de 2026 con una liquidación neta de $109.781.999,73. Al día siguiente, el 1° de agosto, comenzó a desempeñarse como gerente de Contabilidad del INTA, sin que mediara en los papeles un solo día de desocupación real.
La liquidación de salida incluyó montos significativos: más de $73 millones en concepto de antigüedad, cerca de $9,7 millones por preaviso y unos $24 millones por vacaciones no gozadas. La desvinculación se encuadró como despido sin causa bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, figura que habilita el cobro de una indemnización completa y que, según fuentes consultadas, se habría utilizado en lugar de un traslado o una renuncia, alternativas que no hubieran generado semejante pago.
Documentación administrativa muestra que los trámites para su designación en el INTA comenzaron el 1° de julio, es decir, 23 días antes de que se notificara la rescisión en el Enacom, el 24 de ese mes. El funcionario quedó habilitado para percibir la indemnización el 28 de julio, cesó formalmente el 31 e inició funciones en el nuevo organismo el 1° de agosto, en una secuencia que para especialistas en derecho administrativo se asemeja a un despido simulado.
Advertencias legales y revisión interna del caso
La Procuración del Tesoro considera al Estado nacional como un único empleador en sentido amplio. Bajo esa interpretación, el mismo bloque estatal que dispuso el despido de Neira fue el que luego lo reincorporó en otro organismo. Abogados consultados advierten que esta operatoria podría constituir un supuesto de enriquecimiento sin causa y abrir la puerta a un eventual reclamo de repetición de lo pagado, es decir, exigir la devolución de la indemnización.
El Consejo Directivo del INTA abordó el expediente en una reunión reservada y pidió opinión a su área Jurídica. Ese sector sostuvo que un despido sin causa no impide el reingreso al sector público y que la secuencia no vulneraría la Ley de Ética Pública. Sin embargo, una fuente oficial reconoció que “pudo haber un error en no fijarse si había sido indemnizado” al momento de concretar la designación, lo que deja abierta la posibilidad de revisar el caso en un próximo encuentro del cuerpo directivo.
- La designación de Neira en el INTA es transitoria, por 180 días, aprobada el 3 de septiembre con efecto retroactivo al 1° de agosto.
- El puesto se cubrió sin concurso, con el argumento de “urgencia” luego de retiros voluntarios y con recomendación interna.
“La secuencia puede configurar un enriquecimiento sin causa”, advierten especialistas en derecho administrativo, que sugieren que el Estado podría reclamar la devolución de la indemnización.
Mientras tanto, Neira mantiene su cargo en el INTA y conserva el cobro de la indemnización millonaria abonada por el Enacom. El caso vuelve a encender el debate sobre los mecanismos de control, la transparencia en las designaciones y el uso de los recursos públicos en la administración nacional.
