Una supuesta traductora de inglés quedó al descubierto en San Juan
NewsITe
Una joven sanjuanina que se presentaba como traductora de inglés especializada en el sector minero fue declarada responsable del delito de usurpación de títulos, luego de que se comprobara que no contaba con matrícula ni habilitación para ejercer la profesión en la provincia. El caso encendió una señal de alerta sobre el uso indebido de credenciales académicas y profesionales en redes sociales y entornos laborales.
La acusada, identificada como María Valentina Rampulla, había construido durante años una imagen profesional sólida en plataformas como LinkedIn y otras redes, donde se describía como profesora bilingüe, vinculada a empresas mineras y con experiencia en ferias y espacios de vinculación internacional. Incluso afirmaba dirigir un instituto propio de enseñanza del idioma, denominado “VYF.English”, mediante el cual decía mantener contacto con personas de distintos países.
En sus perfiles públicos, Rampulla se definía como una profesional proactiva, con adaptación cultural, comunicación efectiva y capacidad para resolver situaciones en tiempo real. Esa presentación, acompañada de presuntos estudios en la Universidad de San Juan y participaciones en eventos del sector minero, le permitió ganar confianza y abrirse paso en ámbitos empresariales y académicos sin contar con la certificación obligatoria para ejercer como traductora pública.
Denuncia del Colegio de Traductores y avance de la causa
El engaño comenzó a desmoronarse a mediados de junio, cuando la secretaria de la comisión directiva del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan advirtió irregularidades y confirmó que la joven no figuraba en los registros oficiales ni tenía la matrícula provincial exigida por ley. A partir de esa constatación, la entidad profesional radicó la denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Pringles y del ayudante fiscal Rodrigo Herrera, quienes recopilaron documentación, publicaciones en redes y referencias laborales que daban cuenta de la actividad que Rampulla desarrollaba presentándose como traductora habilitada. El caso fue encuadrado en el delito de usurpación de títulos, una figura prevista en el Código Penal para sancionar a quienes se atribuyen indebidamente una profesión regulada.
En pocos meses, el expediente avanzó de manera acelerada. Para evitar la exposición de un juicio oral y público, la defensa de la joven, encabezada por el abogado Franco Montes, optó por alcanzar un acuerdo con la fiscalía. Dicho entendimiento fue homologado por la jueza Carolina Parra, quien dio por acreditados los hechos y fijó una serie de medidas reparadoras en lugar de una pena de prisión efectiva.
Condena, tareas comunitarias y reparación económica
- Rampulla deberá completar 24 horas de tareas comunitarias en la municipalidad de Santa Lucía, a cumplirse en un plazo máximo de tres meses.
- Deberá abonar una reparación económica de 200.000 pesos destinada a la Cruz Roja, como gesto de resarcimiento social.
- Se le impuso además la prohibición absoluta de contacto con los integrantes del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan.
Fuentes judiciales remarcan que, si bien el acuerdo evitó un proceso más extenso, el fallo sienta un antecedente relevante sobre el uso fraudulento de títulos profesionales, un fenómeno que se ve potenciado por la facilidad para construir perfiles laborales en internet sin los debidos controles.
“La verificación de la matrícula y de la habilitación profesional es una responsabilidad compartida entre las instituciones, los empleadores y la sociedad. Este caso demuestra que la usurpación de títulos no es un simple error, sino un delito que tiene consecuencias”, remarcan desde el ámbito judicial sanjuanino.
El episodio deja en evidencia la importancia de corroborar la autenticidad de las credenciales académicas y profesionales, especialmente en áreas sensibles como la traducción pública, donde la firma de documentos y contratos puede tener efectos legales y económicos significativos. En San Juan, el Colegio de Traductores reforzó su campaña para que empresas, organismos públicos y particulares consulten siempre los registros oficiales antes de contratar servicios especializados.
