Imputan a un funcionario de San Antonio Oeste por presunta malversación
NewsITe
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó a un funcionario de la Municipalidad de San Antonio Oeste por el presunto uso indebido de una tarjeta de combustible oficial durante un viaje particular a Buenos Aires, realizado mientras se encontraba de licencia. La causa se encuadra en el delito de malversación de caudales públicos, en calidad de autor, de acuerdo con los artículos 45 y 260 del Código Penal.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Gustavo Arbues detalló que los hechos habrían ocurrido entre el 20 y el 28 de diciembre pasado. En ese período, el entonces jefe de Tránsito habría utilizado sin autorización la tarjeta “YPF en Ruta”, asignada a su cargo para uso oficial, para cargar combustible en su vehículo particular en el marco de un viaje que no contaba con comisión de servicio aprobada.
La denuncia fue presentada por la Secretaría de Gobierno municipal el 24 de febrero de 2026 y ampliada el 20 de agosto del mismo año. En esa ampliación se precisaron las funciones del imputado, el modo en que se utiliza el sistema de carga de combustible y las circunstancias en las que se detectaron consumos a nombre del funcionario mientras estaba de licencia.
Elementos de prueba y monto de los gastos investigados
Entre los elementos probatorios incorporados por la Fiscalía se encuentra una nota dirigida a la Jefatura de Capital Humano, con el detalle de fechas, lugares y horarios de las cargas realizadas con la tarjeta oficial. También se agregaron los tickets que el funcionario presentó al regresar del viaje y la solicitud de licencia tramitada ante el área de Recursos Humanos.
Además, se adjuntó una planilla de gastos correspondiente al período comprendido entre el 20 y el 29 de diciembre de 2025, donde se registran consumos por un total de $359.707,01. Ese monto habría sido afrontado inicialmente por la Municipalidad de San Antonio Oeste, lo que motivó la intervención administrativa y luego judicial.
La investigación incluye también el organigrama municipal, que confirma que la Jefatura de Tránsito depende de la Secretaría de Gobierno, y un informe del Registro de la Propiedad Automotor que acredita que el vehículo utilizado pertenece al imputado y a su cónyuge. En el plano administrativo, la Junta de Calificación y Disciplina resolvió aplicar la sanción de cesantía tras culminar el sumario interno.
La defensa alega habitualidad y ausencia de perjuicio al Estado
La defensa del funcionario, a cargo de los abogados Carlos Dvorzak y Adrián Zimmermann, se opuso a la formulación de cargos y ofreció una versión distinta de los hechos. Sostuvo que el viaje a Buenos Aires tuvo como finalidad el traslado de dos aparatos pertenecientes al área de Tránsito que necesitaban ser calibrados, y que el uso del auto particular era una práctica habitual en el cumplimiento de sus tareas.
Según planteó Dvorzak, no existiría constancia documental del rechazo previo a la comisión de servicio ni de una prohibición expresa para utilizar la tarjeta de combustible en ese contexto. El defensor indicó que la modalidad de trabajo descripta, con uso del vehículo propio y la tarjeta oficial, respondía a un esquema usualmente tolerado en la repartición.
Otro de los argumentos centrales de la defensa es que los consumos realizados durante ese viaje fueron posteriormente descontados del sueldo del imputado. En esa línea, se afirmó que no se configuró un perjuicio económico para el Estado municipal, dado que el monto fue reintegrado, por lo que –a criterio de la defensa– no estarían dados los elementos necesarios para hablar de malversación de fondos públicos.
La Fiscalía investiga si el uso de la tarjeta “YPF en Ruta” durante una licencia y para un viaje sin comisión aprobada configura un delito, más allá de los descuentos posteriores sobre el salario del imputado.
Con la formulación de cargos, la causa penal ingresa en una nueva etapa de investigación, en la que se analizarán en detalle los consumos, la normativa interna del municipio y las responsabilidades de los funcionarios intervinientes. En los próximos meses se definirá si el caso avanza hacia un eventual juicio oral o si se arriba a alguna salida alternativa dentro del proceso penal.
