La denominada “ley del burka” entró en vigencia este miércoles y establece multas de hasta 3.000 euros. La normativa contempla excepciones por motivos de salud, trabajo, seguridad, clima y actividades artísticas, entre otros casos.
Portugal comenzó a aplicar desde este miércoles una nueva normativa que prohíbe cubrirse el rostro en determinados espacios públicos. La medida, conocida durante su tratamiento parlamentario como la “ley del burka”, está establecida en la Ley 58/2026 y no menciona de manera específica al burka, al niqab ni a ninguna religión en particular.
La disposición alcanza a las calles, espacios públicos al aire libre, instalaciones de servicios públicos y lugares donde se ofrecen servicios de acceso general. También contempla acontecimientos, competencias deportivas y manifestaciones.
La normativa permite cubrir el rostro cuando existen razones de salud, laborales, artísticas, de entretenimiento o publicitarias. También contempla situaciones relacionadas con la seguridad y las condiciones meteorológicas. Los aviones, las instalaciones diplomáticas y consulares y los lugares de culto quedan fuera de su alcance.
Multas de hasta 3.000 euros
Las sanciones varían según la conducta sea considerada negligente o intencional. En el primer caso, las multas van de 150 a 750 euros, mientras que cuando existe intencionalidad pueden alcanzar los 3.000 euros. Las fuerzas de seguridad estarán a cargo de controlar el cumplimiento de la norma y los municipios deberán tramitar los expedientes correspondientes.
La legislación también establece sanciones para quienes obliguen a otra persona a ocultar su rostro mediante amenazas, violencia, coacción o abuso de autoridad. En esos casos puede haber una pena de hasta dos años de prisión o una multa penal de hasta 240 días. Si la víctima es menor de edad, la pena aumenta en un tercio.
La iniciativa había sido impulsada originalmente por Chega, un partido político portugués de derecha radical liderado por André Ventura. Durante su tratamiento en el Parlamento, el proyecto fue modificado antes de convertirse en ley.
El Parlamento portugués aprobó la versión definitiva el 17 de julio y el presidente António José Seguro la promulgó el 18 de agosto. La normativa comenzó a regir este miércoles 23 de septiembre, 30 días después de su publicación oficial.
