Acusación contra la hija del gobernador por el cese de una empleada
NewsITe
El gobierno de San Luis, encabezado por Claudio Poggi, quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que una trabajadora de la administración pública provincial denunciara haber sido maltratada y desplazada de su puesto por la propia hija del mandatario, María Victoria Poggi. El caso reavivó el debate sobre el nepotismo y el manejo de los cargos políticos dentro del Estado provincial.
Erica Meza, quien asegura haber trabajado durante 32 años en el ámbito estatal, relató en el programa televisivo “Telenueve Denuncia” que la subdirectora de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno ingresó a su oficina a los gritos y le comunicó que su contrato no sería renovado. Según su testimonio, la comunicación se produjo de manera brusca y sin una explicación formal por escrito.
La denunciante vinculó este episodio con un reclamo económico previo que había realizado a otro funcionario, por una suma de dinero que sostiene haberle prestado y nunca cobrado. De acuerdo con su versión, tras insistir para recuperar ese monto, intervino María Victoria Poggi y, poco después, se encontró con la novedad de que no continuaría en su puesto.
Meza agregó que, en medio de la angustia por la pérdida de su fuente de ingresos, llegó a ofrecer arrodillarse para conservar el trabajo. Describió además el impacto emocional y económico que le generó quedar fuera del Estado después de más de tres décadas de servicio, en un contexto de alta inflación y dificultades para reinsertarse laboralmente.
Rol institucional y cuestionamientos por nepotismo
La presencia de la hija del gobernador en la estructura de gobierno está respaldada por un documento oficial: el Decreto 6577-MG-2026, fechado el 21 de junio, que la designa como subdirectora de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno. La norma lleva las firmas de Claudio Poggi, del ministro de Gobierno Gonzalo Amondarain y del titular de Hacienda, Néstor Ordoñez.
Lejos de tratarse de una figura meramente ceremonial, María Victoria Poggi ha sido mostrada por la propia agencia oficial de San Luis en actos de entrega de personerías jurídicas, anuncios de financiamiento para organizaciones y actividades de acompañamiento a asociaciones civiles. El área en la que se desempeña interviene sobre entidades inscriptas y cumple tareas de fiscalización y normalización, que quedan plasmadas en resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
El caso pone bajo la lupa el discurso que el propio Claudio Poggi pronunció al asumir la gobernación en diciembre de 2023. En aquella oportunidad, ante la Asamblea Legislativa, el mandatario había señalado que la renovación política no podía significar que una autoridad fuera sucedida por su esposo, esposa, hijo o hija. Sin embargo, pocos meses después, su hija fue incorporada a un cargo jerárquico dentro del Ministerio de Gobierno y su designación volvió a ser refrendada oficialmente en 2026.
Denuncia pública y ausencia de respuestas oficiales
Hasta el momento, la acusación de Erica Meza se limita a su testimonio en medios de comunicación y no se tradujo en una resolución administrativa ni en una decisión judicial que confirme la existencia de maltrato laboral, persecución o arbitrariedad. Tampoco está claro si, en términos formales, la subdirectora contaba con la competencia exclusiva para decidir la no renovación del contrato.
Lo único comprobable es que el vínculo laboral de Meza con el Estado provincial no fue renovado y que ella atribuye esa decisión, al menos en forma determinante, a la intervención de María Victoria Poggi. La difusión de su relato trasladó el costo político al corazón de la Casa de Gobierno, ya que involucra directamente a una funcionaria con lazos familiares con el gobernador y designada por decreto.
En los canales oficiales consultados hasta ahora no se registran declaraciones públicas de la subdirectora sobre las acusaciones ni un comunicado específico del gobierno puntano que responda al caso. La situación abre interrogantes sobre los procedimientos internos utilizados para la contratación y desvinculación de personal y reaviva el debate sobre los límites entre la confianza política y el uso de cargos para favorecer o castigar empleados dentro del Estado.
La denuncia de Meza, aún sin resolución administrativa o judicial, volvió a instalar en San Luis la discusión sobre nepotismo, transparencia y trato a los trabajadores estatales.
Mientras tanto, se espera que en las próximas semanas puedan surgir definiciones oficiales o presentaciones formales que aporten mayor claridad sobre lo sucedido y determinen si hubo o no abuso de poder en la actuación de la hija del gobernador.
