Choque entre la Casa Blanca y la prensa por el acceso a la información
NewsITe
El Departamento de Justicia de Estados Unidos salió en defensa de la decisión del presidente Donald Trump de revocar las acreditaciones de la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico, en un nuevo capítulo de la tensa relación del entonces mandatario con la prensa. La medida, que impide a los cronistas el ingreso al complejo presidencial en Washington, fue justificada por el gobierno bajo el argumento de supuestas “preocupaciones de seguridad nacional” y la necesidad de mantener “profesionalismo y decoro”.
La postura oficial fue presentada ante un tribunal federal de distrito en Washington DC, donde la Administración Trump sostuvo que el acceso a la Casa Blanca “es un privilegio, no un derecho”, y que la decisión se ajusta a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Según los abogados del Departamento de Justicia, el gobierno puede negar o revocar pases de prensa para hacer cumplir estándares mínimos de conducta profesional y para resguardar información clasificada vinculada a la seguridad nacional.
En documentos entregados a la Justicia, el Departamento de Justicia adjuntó cartas de la oficina de prensa de la Casa Blanca, fechadas el martes previo, en las que se notificó a los tres medios la revocación de las credenciales de sus periodistas. En esas comunicaciones se los acusó de haber difundido falsedades “verificables” sobre temas sensibles y de haber publicado datos calificados como sensibles o clasificados, relacionados con asuntos de defensa y política exterior.
Entre los ejemplos citados por la Casa Blanca se mencionan notas sobre municiones agotadas, negociaciones para poner fin a la guerra con Irán, aspectos de seguridad vinculados a la renovación del Ala Este del edificio presidencial y un artículo de Politico que, según medios estadounidenses, utilizó fuentes anónimas para presentar la convención republicana de mitad de mandato en Dallas como un fracaso. Para la administración Trump, estos contenidos vulneran el estándar mínimo de responsabilidad periodística que deben cumplir quienes ingresan regularmente al complejo.
Demanda de los medios y debate sobre la libertad de expresión
Lejos de aceptar la decisión, CNN, MS NOW y Politico acudieron a los tribunales y presentaron una demanda conjunta el lunes siguiente, al considerar que la medida viola sus derechos al debido proceso y las garantías de la Primera Enmienda sobre libertad de expresión y recopilación de noticias. En un comunicado, las empresas periodísticas advirtieron que la decisión “amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales”.
Los demandantes sostienen que la Casa Blanca actuó sin previo aviso ni procedimiento claro, y que las credenciales fueron revocadas por el mero disgusto del gobierno frente a la cobertura periodística crítica. En su presentación judicial, remarcaron que la acción legal pretende “proteger nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa”.
El conflicto se inscribe en un clima de alta polarización política en Estados Unidos y reaviva un debate central en las democracias modernas: hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo en el control del acceso a la información pública y cuáles son los límites legítimos para invocar la seguridad nacional frente a la labor de los medios. Organizaciones de defensa de la libertad de prensa y académicos en comunicación siguen de cerca el caso, que podría sentar un precedente relevante para la relación entre gobiernos y periodistas en Washington y en otras capitales del mundo.
“El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, argumentó el Departamento de Justicia, mientras los medios sostienen que la decisión busca castigar la cobertura crítica y disciplinar a la prensa.
La Casa Blanca otorgó a los medios un plazo hasta las 17 horas del viernes de esa semana para responder a las acusaciones. Mientras el litigio avanza en los tribunales, el caso vuelve a instalar la discusión sobre la transparencia gubernamental y el rol del periodismo como garante del derecho ciudadano a estar informado.
