Polémica por el fallo que pone bajo revisión la condena al policía que mató a Bastián
NewsITe
El crimen de Bastián Escalante, el niño asesinado por un disparo policial en julio de 2024 en la localidad bonaerense de Wilde, volvió a generar conmoción luego de que la Cámara de Casación Penal ratificara los delitos por los que fue condenado el efectivo Juan Alberto García Tonzo, pero ordenara revisar la pena de 21 años de prisión que le había impuesto la Justicia.
En octubre de 2025, durante la audiencia de cesura, la jueza María Angélica Sayago del Castillo había sentenciado al policía a 21 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio agravado con uso de arma y exceso en la legítima defensa. Esa resolución fue recurrida por la defensa del imputado y llegó a la Sala III del Tribunal de Casación Penal.
Los jueces Víctor Horacio Violini y María Florencia Budiño resolvieron revocar parcialmente el fallo de primera instancia: si bien confirmaron las calificaciones legales por las que García Tonzo fue hallado culpable, consideraron que deben ser eliminados tres agravantes que influyeron en el cálculo de la pena, lo que abre la puerta a una posible reducción de los años de prisión.
Los agravantes que Casación decidió descartar
De acuerdo con lo comunicado a la agencia Noticias Argentinas, uno de los puntos centrales del fallo es que la Cámara entendió que la muerte del menor no puede ser tomada como agravante adicional, ya que el fallecimiento de Bastián es precisamente el hecho que dio origen a la condena penal. En esa línea, sostienen que no es jurídicamente válido “agravar dos veces” por el mismo resultado.
En segundo término, la Sala III resolvió excluir como agravante la conducta posterior del policía al hecho: la falta de auxilio a la víctima, la ausencia de arrepentimiento y la presunta intención de alterar la escena del crimen. Para Casación, al momento de graduar la pena solo debe evaluarse la conducta típica del hecho y no el comportamiento posterior, por más reprochable que pueda resultar en términos éticos o sociales.
El tercer agravante descartado fue el uso abusivo del arma reglamentaria. Los magistrados entendieron que ese elemento se encuentra ya abarcado por la condición de funcionario público de García Tonzo y que, por lo tanto, sumarlo como un factor independiente implicaría una duplicidad en la valoración.
Reacción de la fiscalía y de la familia de Bastián
La fiscal del caso, Mariela Montero, apeló la resolución de Casación y anticipó que insistirá para que se mantenga la pena de 21 años originalmente impuesta. Desde su mirada, la eliminación de los agravantes desconoce la gravedad del hecho y el impacto que tuvo la muerte del niño en su entorno familiar y en la comunidad.
Frente a este escenario, los padres de Bastián mantuvieron una reunión con su abogado, Matías Morla, para definir los pasos a seguir y evitar que la condena al policía se vea reducida. El letrado fue categórico al rechazar la decisión de la Cámara: sostuvo que si bien acompañan que se mantenga la declaración de culpabilidad y que no se habilite un nuevo juicio, están en total desacuerdo con la posibilidad de disminuir los años de prisión.
“Nosotros vamos a seguir pidiendo el máximo de la pena para los delitos por los que fue condenado, es decir 33 años”, remarcó Morla, quien subrayó que en el juicio quedó acreditado que García Tonzo disparó sin medir las consecuencias, sin considerar el lugar donde se encontraba y sin que su vida estuviera en riesgo. Además, enfatizó que el efectivo “no hizo nada” luego del disparo para asistir al niño.
El impacto del crimen y el reclamo de Justicia
Morla describió el caso como un hecho que provocó un “daño irreparable” en la familia de Bastián. Señaló que la madre del niño no pudo volver a trabajar y continúa bajo tratamiento psiquiátrico, mientras que el padre sufre reiterados ataques de pánico desde el crimen. “La familia se rompió y nunca más será la misma”, afirmó.
El abogado también destacó el rol de la fiscal Montero, a quien calificó como valiente por acompañar el reclamo de los padres para que la pena refleje la totalidad de los agravantes: ser funcionario público, haber provocado la muerte de un menor y la falta absoluta de arrepentimiento. Según remarcó, García Tonzo nunca se acercó a la familia ni ofreció ayuda tras el hecho.
“Lo más grave de todo es que nunca se arrepintió, jamás habló con la familia de Bastián y apenas cometido el hecho ni siquiera fue capaz de acercarse a la mamá para ayudarla”, sostuvo el abogado Matías Morla.
Mientras la causa continúa en instancias de revisión, el caso Bastián Escalante vuelve a encender el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, los límites de la legítima defensa y el rol de los tribunales a la hora de fijar penas en hechos que conmueven a la sociedad.
