Cristina Kirchner seguirá con prisión domiciliaria en San José 1111
NewsITe
El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió prorrogar la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien continuará cumpliendo la condena por la causa Vialidad en el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión se basa en los informes judiciales que dan cuenta de que la dirigente peronista respetó las condiciones impuestas para el cumplimiento de la pena.
Según el fallo al que accedió Noticias Argentinas, el juez Rodrigo Giménez Uriburu destacó que la ex mandataria “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia en el domicilio fijado y con las pautas relativas a las visitas. Para arribar a esa conclusión, el magistrado evaluó los reportes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), organismos encargados del seguimiento del régimen domiciliario.
En su informe trimestral, la DCAEP consignó que se realizaron entrevistas domiciliarias aleatorias y que Cristina Fernández de Kirchner respondió a todos los requerimientos con buena predisposición, manteniendo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes. Durante el período analizado, solo se registró una salida autorizada para una consulta médica, que se llevó adelante sin inconvenientes ni incumplimientos.
Respecto de las visitas, el Tribunal verificó que se ajustaron a los permisos previamente otorgados. Hubo una única demora en el ingreso de una visitante, que fue oportunamente explicada y no derivó en sanciones. Además, el monitoreo electrónico no reveló anomalías en los movimientos de la ex presidenta dentro del domicilio ni indicios de violación de las restricciones fijadas.
Embargos millonarios y bienes bajo la lupa
La decisión de extender la prisión domiciliaria se produce en paralelo a la confirmación, por parte del mismo Tribunal Oral Federal N° 2, del embargo preventivo sobre diversos bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad. Entre esos activos figura el departamento de San José 1111, con el que se busca garantizar un eventual decomiso cercano a los $685.000 millones, monto que la Justicia considera como perjuicio económico ocasionado al Estado nacional por los hechos de corrupción investigados.
En esa línea, la Cámara Federal de Casación también rechazó recientemente recursos presentados por la ex mandataria y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, que buscaban frenar el posible decomiso de inmuebles vinculados a las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. Las propiedades de esas sociedades comerciales permanecen bajo análisis en distintas causas por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta.
Movilizaciones, entorno político y otros departamentos
Otro de los aspectos evaluados por el juez Giménez Uriburu fue el impacto de las movilizaciones que tuvieron lugar en la puerta del edificio de San José 1111. De acuerdo con la resolución, no se registraron incidentes que alteraran la tranquilidad del vecindario ni reclamos formales de los vecinos por ruidos o desórdenes vinculados a las concentraciones.
El fallo también menciona la investigación en curso sobre la compra del departamento ubicado debajo del de la ex presidenta por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora con vínculos con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Calle declaró ante la Justicia que adquirió el inmueble para el funcionamiento de una fundación, aunque por el momento no se brindaron mayores precisiones sobre esa actividad. Además, se confirmó que el senador nacional peronista Mariano Recalde es propietario de otro departamento en el mismo edificio, ubicado en el primer piso.
“Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”, sostuvo el juez Rodrigo Giménez Uriburu en la resolución.
Con la extensión de la prisión domiciliaria y los embargos ratificados, la causa Vialidad se consolida como uno de los expedientes más sensibles del escenario judicial y político argentino, con impacto directo sobre el patrimonio y la situación procesal de la ex jefa de Estado y de su entorno más cercano.
