El juez federal Daniel Rafecas consideró acreditada la responsabilidad de los acusados en la planificación y organización del ataque de 1994. Cada uno recibió un embargo de 500 millones de dólares.
El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar en la organización y ejecución del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994. La resolución abre el camino hacia un juicio oral en ausencia, mientras los acusados permanecen prófugos en el extranjero.
El fallo, de más de 600 páginas, establece que la decisión de cometer el ataque fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y encomendada a Hezbollah, organización con sede en el Líbano. Según la reconstrucción judicial, la operación contó con una red de apoyo regional y local con base en la zona de la Triple Frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Rafecas consideró probado que los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic, la acondicionaron con aproximadamente 300 kilos de explosivos y la dejaron en un estacionamiento ubicado a cuatro cuadras de la sede de la AMIA. El vehículo habría permanecido allí hasta la mañana del 18 de julio, cuando fue utilizado para ejecutar el atentado contra el edificio de la mutual judía.
El ataque provocó la muerte de 85 personas y dejó 151 heridos. Por los hechos investigados, los procesados fueron acusados de homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de generar un peligro común. También se les atribuye el delito de daño agravado por motivos discriminatorios.
En su resolución, el magistrado calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad. Además, dispuso un embargo de 500 millones de dólares para cada uno de los ocho procesados.
Un proceso sin la presencia de los acusados
La investigación avanzará bajo el régimen de juicio en ausencia, establecido por la Ley 27.784. Este mecanismo permite que el proceso continúe aunque los acusados permanezcan fuera del país y no se presenten ante la Justicia, con la garantía de que cuenten con un defensor.
La decisión de Rafecas se inscribe en el camino judicial iniciado para juzgar a los sospechosos del atentado, que durante décadas permaneció sin una sentencia que estableciera las responsabilidades por el ataque. La resolución constituye una nueva instancia en la causa y deberá continuar con las etapas procesales correspondientes.
El atentado a la AMIA, uno de los episodios más graves de la historia reciente argentina, dejó 85 víctimas fatales y cientos de personas afectadas. Más de tres décadas después, la causa continúa buscando establecer las responsabilidades penales de quienes planificaron y ejecutaron el ataque.
