Una pericia contable oficial detectó diferencias salariales, categorizaciones incorrectas y adicionales impagos en Rey Distribución. El informe se conoció a días del juicio contra Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por las presuntas extorsiones denunciadas por la empresa.
Una pericia contable oficial detectó irregularidades laborales en Rey Distribución, la empresa sampedrina que denunció por extorsión a los dirigentes de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes comenzarán a ser juzgados el próximo lunes 28 de septiembre.
Según informó La Opinión Semanario, el estudio encontró diferencias salariales y otras irregularidades en las liquidaciones de la firma. Entre los trabajadores representados por el abogado Gabriel Ruiz sostuvieron que esos resultados respaldan el reclamo laboral que dio origen al conflicto. Seis exempleados también llegarán a juicio por su participación en el bloqueo de los ingresos a la planta.
El análisis estuvo a cargo de la contadora Carolina Ricardini, quien comparó los recibos de sueldo aportados por la representación de los trabajadores con los registros laborales de Rey Distribución y las condiciones establecidas por el convenio colectivo de Camioneros. A partir de esa documentación, la pericia determinó que existían diferencias entre las liquidaciones realizadas por la empresa y los montos que correspondían.
Entre las irregularidades detectadas aparecen categorizaciones laborales incorrectas, horas extras registradas como conceptos no remunerativos, falta de pago de adicionales por trabajo nocturno y tareas en frío y diferencias en el cálculo de la antigüedad. El informe también observó inconsistencias en los libros laborales de la empresa en relación con la normativa vigente.
La pericia concluyó además que Rey Distribución pagó salarios por debajo de los valores establecidos en el convenio colectivo de Camioneros. Esas diferencias también tuvieron incidencia en los aportes destinados a la obra social y, en el caso de los trabajadores afiliados, en los correspondientes al sindicato.
La pericia analizó las condiciones laborales y salariales reclamadas a Rey Distribución. La responsabilidad penal por las conductas denunciadas posteriormente será materia del juicio que comenzará el próximo 28 de septiembre. Después de ese reclamo se produjeron el bloqueo de la planta y la denuncia de Rey Distribución por un presunto pedido de coimas atribuido a Cabaleyro y Espíndola.
Juicio por extorsión
El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 comenzará a juzgar el próximo 28 de septiembre a Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y seis exempleados de Rey Distribución. El debate estará presidido por el juez Alejandro López y, de acuerdo con lo previsto, se desarrollará durante varias jornadas hasta el 8 de octubre, con alrededor de 80 testigos citados.
Cabaleyro y Espíndola llegan acusados por delitos vinculados con los bloqueos y por las presuntas extorsiones denunciadas por Rey Distribución. Los seis exempleados, en cambio, serán juzgados por su participación en el bloqueo de los accesos a la planta durante el conflicto laboral.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI N.º 7 de San Pedro. Según la acusación, uno de los episodios ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando se impidió el ingreso y egreso de vehículos de la firma; una semana después comenzó otro bloqueo que se extendió entre el 22 y el 26 de febrero.
Gustavo Rey, propietario de la empresa, denunció que los dirigentes sindicales exigían dinero para permitir que la firma pudiera trabajar. La acusación sostiene que Cabaleyro y Espíndola habrían recibido dinero en efectivo y cheques para evitar los bloqueos, conductas por las cuales deberán responder durante el debate oral.
Entre los testigos convocados aparecen integrantes de la familia Rey, policías que participaron de los operativos durante los bloqueos, vecinos, testigos presenciales, funcionarios contables del sindicato y peritos calígrafos. También fueron citados el ministro de Trabajo bonaerense, Jorge Walter Correa; el intendente de San Pedro, Cecilio Zalazar; y una representante de la Organización Internacional del Trabajo.
Cabaleyro y Espíndola permanecen bajo prisión preventiva desde abril de 2022 y posteriormente accedieron al arresto domiciliario con monitoreo electrónico por cuestiones de salud.
