La Municipalidad de Ramallo extendió a todo el tránsito pesado el cobro de una tasa de $37.000 por ingreso. El sistema, adjudicado a una empresa privada por 20 años, es cuestionado por entidades empresarias y transportistas.
La Municipalidad de Ramallo extendió a todo el tránsito pesado que ingrese al partido el cobro de una tasa de $37.000 por cada acceso, en un esquema que es cuestionado por entidades empresarias y transportistas. El sistema se aplica sobre un corredor de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional N° 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.
La Tasa de Tránsito Pesado fue creada en 2002 y hasta ahora alcanzaba a determinadas empresas. Con la instalación de un nuevo sistema de control sobre el Acceso Sánchez, el municipio busca aplicar el cobro a todos los vehículos pesados que ingresen al distrito.
Cada camión deberá pagar $37.000 por ingresar al partido y otros $25.000 si accede a una planta industrial. Por las características del esquema y el monto establecido, el sistema es señalado como “el peaje más caro del país”.
Según consignó Infobae, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires presentaron un reclamo ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y solicitaron la suspensión inmediata de la medida.
A los $37.000 por ingreso se suma una tasa municipal equivalente al 2% sobre cada litro de combustible comercializado en las estaciones de servicio del distrito, vigente desde enero.
Un corredor que conecta con el Puerto San Nicolás
El esquema se aplica sobre el ex Camino Provincial Ruta 87, un tramo de 5,1 kilómetros que comunica la Ruta Nacional N° 9 con el parque industrial y el Puerto San Nicolás.
Por ese corredor circulan camiones vinculados con la actividad industrial y logística de la región. Fadeeac calculó que el costo por kilómetro derivado del esquema de Ramallo resulta un 120% superior al correspondiente al peaje del Puente Zárate-Brazo Largo.
El arco de control fue instalado sobre el Acceso Sánchez, señalado como el único ingreso habilitado para vehículos pesados al partido, sin una vía alternativa de entrada o salida.
La Municipalidad de Ramallo explicó que la Tasa de Tránsito Pesado rige desde 2002 y que hasta ahora era abonada por cinco empresas: Bunge, Fiplasto, Xstorage, Loma Negra y la arenera Vázquez.
La modificación consiste en que el nuevo arco de control, equipado con tecnología de pesaje, permitirá aplicar el gravamen a todos los vehículos pesados que ingresen al distrito.
El municipio sostiene que el pago cuenta con una contraprestación vinculada al mantenimiento de la calzada, la demarcación vial, la iluminación, la cartelería, el corte de pasto y la asistencia vial. También anunció la creación de una playa de estacionamiento con duchas, sanitarios y puestos gastronómicos destinados a los choferes.
“La contraprestación de esta tasa es mucho mayor que la recaudación misma”, sostiene una nota publicada por el medio local Ramallo Ciudad.
De acuerdo con esa publicación, los transportistas radicados en Ramallo pagan una sola vez por día y cuentan con hasta diez accesos incluidos dentro de ese pago.
El reclamo de los transportistas
Fadeeac y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires sostienen que el sistema funciona en los hechos como un peaje y cuestionan que un municipio pueda aplicar un gravamen sobre la circulación interjurisdiccional de mercaderías.
“La Constitución Nacional prohíbe las aduanas interiores y garantiza la libre circulación de mercancías en todo el territorio”, señala la carta presentada por las entidades.
El documento también cita el fallo Bressani c/ Provincia de Mendoza, de 1937, en el que la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la Constitución buscó “hacer un solo país para un solo pueblo”.
Las entidades identifican tres características que, según su posición, convierten al sistema en un peaje: el pago por ingresar al municipio, un monto predeterminado por unidad y el cobro anticipado mediante un sistema de TAG similar al utilizado en los telepeajes.
A estas condiciones se suma un régimen sancionatorio que podría contemplar multas, apremios fiscales y retención de mercadería para las unidades que no adhieran al mecanismo.
Plus Byte operará el sistema durante 20 años
La Municipalidad de Ramallo adjudicó a Plus Byte S.R.L., mediante la Licitación Pública N° 3/2025, la instalación de dos pórticos tecnológicos sobre el ex Camino Provincial Ruta 87 y la operación del sistema encargado de percibir el gravamen.
Según la información publicada por Infobae, la empresa recibirá aproximadamente el 50% de la recaudación durante los 20 años de concesión.
Plus Byte también obtuvo en 2025 la concesión del puente binacional São Borja-Santo Tomé, un paso fronterizo por el que circula cerca del 23% del comercio bilateral entre Argentina y Brasil. La compañía ofreció USD 29 millones como pago inicial y asumió un compromiso de inversión total de USD 99 millones durante 25 años.
La aplicación de la tasa en Ramallo alcanzaría a unas 100 empresas de transporte de distintos puntos del país que operan regularmente en el distrito.
El costo podría llegar a $500 millones por año
Las estimaciones realizadas por el sector transportista ubican el costo anual del gravamen entre $100 millones y $500 millones por empresa, dependiendo de la cantidad de ingresos y del nivel de actividad.
Las entidades sostienen que esa erogación podría afectar las operaciones de carga y descarga de las empresas que trabajan en la zona. También plantean que el esquema puede repercutir sobre el funcionamiento de las industrias y del puerto regional.
El conflicto se desarrolla además en medio de los cuestionamientos del sector industrial sobre las tasas municipales. Un relevamiento del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina indicó que el 80% de las tasas municipales relevadas que pagan las empresas industriales no tienen, según la entidad, una contraprestación efectiva.
Martín Rappallini, presidente de la UIA, advirtió que “las tasas municipales son un capítulo importante de la carga fiscal que afecta a la producción transable y alcanza al sector formal de la economía argentina, con un impacto directo en la competitividad de los productos argentinos”.
De acuerdo con los datos difundidos, la provincia de Buenos Aires registra un promedio de 4,6 tasas por locación municipal, frente a una media nacional de 3,0. Entre los municipios bonaerenses relevados aparecen Pilar, con 4,0 tasas por locación; Chascomús, con 3,3; y Rojas, con 3,0.
Las entidades que cuestionan el esquema de Ramallo también plantearon su preocupación ante la posibilidad de que otros municipios adopten mecanismos similares.
“De consolidarse este modelo y multiplicarse municipio por municipio, no solo el transporte de cargas en la Argentina se hará virtualmente imposible: será el propio comercio argentino el que quede confinado dentro de sus fronteras”, concluye el documento citado por Infobae.
