Kicillof vuelve a la carga en la disputa por la estatización de YPF
NewsITe
El conflicto internacional por la estatización del 51% de las acciones de YPF sumó un nuevo capítulo con la llegada del caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial. El fondo Burford Capital, que ya litigó contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos, recurrió ahora a ese fuero en busca de una compensación económica por la expropiación de la petrolera concretada en 2012.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se desempeñaba como ministro de Economía cuando se llevó adelante la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, salió a cuestionar con dureza el avance del reclamo y puso el foco en el rol del CIADI en este tipo de controversias.
El pronunciamiento de Kicillof se produce luego del reciente fallo de segunda instancia en Estados Unidos, que evitó que el Estado argentino tuviera que afrontar el pago de 16.100 millones de dólares más intereses. Ese revés para Burford en la justicia norteamericana impulsó al fondo a abrir una nueva vía en el tribunal arbitral del Banco Mundial, un ámbito históricamente utilizado por grandes inversores para demandar a Estados nacionales.
Críticas al CIADI y a la cesión de jurisdicción
En declaraciones publicadas por el diario Clarín, a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Kicillof sostuvo que el CIADI “es un tribunal que en general suele inclinarse por el sector privado, es una tendencia que tiene”. El gobernador remarcó además que, tras el “lapidario fallo” de la justicia estadounidense favorable a la Argentina, la causa abierta ahora en el CIADI se tramita bajo estricta confidencialidad.
Para el exministro, el giro que tomó el caso se inscribe en un largo historial de controversias entre la Argentina y el organismo del Banco Mundial. Desde fines de los años noventa, el país enfrentó decenas de demandas vinculadas al default de la deuda, la ruptura de contratos de servicios públicos privatizados en los años noventa y distintos procesos de reestatización impulsados tras la crisis de 2001.
En esa línea, Kicillof criticó la decisión del gobierno de Javier Milei de habilitar nuevamente la cesión de jurisdicción a tribunales extranjeros y a instancias arbitrales como el CIADI en proyectos de alto impacto, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A su juicio, someter al país a esos fueros “nos deja en condiciones de debilidad” frente a grandes fondos y compañías multinacionales.
El rol de Milei y el trasfondo político de la disputa
El gobernador bonaerense también apuntó directamente contra el Presidente. Recordó que, antes del último fallo en Estados Unidos, el propio Javier Milei había declarado públicamente que “Burford tenía razón” en su reclamo por la expropiación de YPF. Para Kicillof, esa postura evidenciaba un alineamiento con los intereses del fondo litigante, que quedó descolocado tras la decisión de la justicia norteamericana.
El expediente por la estatización de YPF se transformó en un emblema del debate sobre el modelo energético argentino y el margen de maniobra del Estado para intervenir en sectores estratégicos. Mientras sectores oficialistas defienden la reestatización como una decisión soberana para recuperar el control de un recurso clave, desde la oposición liberal se cuestiona el proceso y se señalan los costos que acarrearon los juicios internacionales.
Con la presentación de Burford ante el CIADI, el caso ingresa ahora en una etapa que puede extenderse durante años y que volverá a poner bajo la lupa el funcionamiento de los arbitrajes internacionales, así como las condiciones que acepta la Argentina al firmar tratados de inversión. En ese tablero, Kicillof busca posicionarse como uno de los principales defensores de la estatización de YPF y, al mismo tiempo, como crítico de las políticas de Milei en materia de endeudamiento, inversiones y soberanía jurídica.
“El CIADI es un tribunal que en general suele inclinarse por el sector privado, es una tendencia que tiene”, advirtió el gobernador Axel Kicillof al referirse al reclamo de Burford por YPF.
Mientras tanto, el Gobierno nacional deberá definir su estrategia de defensa en el nuevo frente abierto en el organismo del Banco Mundial, en un contexto económico y político en el que cualquier sentencia adversa podría traducirse en mayores presiones sobre las finanzas públicas y sobre la ya compleja relación de la Argentina con sus acreedores internacionales.
