Casa Rosada reabre la negociación con PRO y UCR por el Presupuesto 2027
NewsITe
El Gobierno nacional habilitó una revisión de las partidas destinadas a Discapacidad y Universidades dentro del proyecto de Presupuesto 2027, con el objetivo de recomponer el diálogo con sus aliados parlamentarios del PRO y la UCR y descomprimir la tensión con los sectores directamente afectados. En la Casa Rosada reconocen que los cambios incluidos en el texto original alteraron el frágil esquema de acuerdos que se venía tejiendo y ahora apuestan al debate en el Congreso para encauzar la discusión.
La Casa de Gobierno busca así reordenar la negociación política de cara a un presupuesto clave, en un contexto de conflictividad social y demandas judiciales vinculadas al financiamiento de políticas públicas sensibles. La estrategia oficial combina señales de apertura en temas puntuales con la decisión de sostener el rumbo general del ajuste, lo que anticipa una negociación intensa artículo por artículo.
Discapacidad: fin de la emergencia y diseño de un nuevo esquema
Uno de los focos centrales de la discusión es el capítulo de Discapacidad. El oficialismo pretende evitar la extensión para 2027 de la Emergencia Nacional en Discapacidad establecida por la Ley 27.793 y, en su lugar, avanzar hacia un régimen permanente. Como gesto hacia los prestadores y las personas con discapacidad, el Poder Ejecutivo pone sobre la mesa un refuerzo de fondos y el compromiso de sostener las compensaciones reclamadas por el atraso acumulado entre 2023 y 2024.
La polémica se concentra en la idea de abandonar el nomenclador universal único y pasar a un sistema en el que cada financiador acuerde valores, con la garantía de un piso mínimo. Prestadores y organizaciones temen que esa flexibilización derive en una mayor desigualdad territorial y en la pérdida de previsibilidad para la planificación de servicios.
Mientras avanza la discusión parlamentaria, la Secretaría de Discapacidad dispuso un incremento mensual del 1,7% para septiembre sobre la base del régimen vigente. La medida busca dar una señal inmediata en un sector que viene alertando sobre dificultades para sostener prestaciones, al tiempo que se negocia un nuevo marco normativo a más largo plazo.
Universidades: más fondos para desactivar el frente judicial
El otro frente delicado es el de la educación superior. El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso prevé para las universidades nacionales un total de $7,349 billones para funcionamiento e inversión, cifra que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) considera insuficiente. El organismo, que agrupa a las casas de estudio de todo el país, reclama que el monto ascienda a $11 billones, lo que abre una brecha de alrededor de $3,65 billones.
En Balcarce 50 descuentan que la negociación legislativa girará en torno a cómo achicar esa distancia, sin convalidar automáticamente el número del CIN pero aceptando la necesidad de una mejora sustantiva respecto de la oferta original. El Gobierno toma nota de las advertencias de rectores y gremios docentes, que vinculan la situación presupuestaria con la continuidad de proyectos académicos, becas estudiantiles y el mantenimiento de la infraestructura.
La discusión no se limita al plano financiero. En la Casa Rosada evalúan que un acuerdo en torno a una mayor asignación podría contribuir a reconfigurar el escenario judicial abierto por las medidas cautelares y demandas en torno a la recomposición salarial y al cumplimiento de la Ley 27.795. La apuesta oficial es que un entendimiento político amplio permita desactivar parte de los litigios y dar previsibilidad al sistema universitario para los próximos años.
Negociación política y calendario parlamentario
- PRO y UCR aparecen como socios clave para aprobar el Presupuesto 2027 con cambios en Discapacidad y Universidades.
- El oficialismo busca evitar nuevas fracturas internas tras las diferencias que generó el texto original.
- Los sectores involucrados reclaman certidumbre en el financiamiento antes de fin de año para planificar 2027.
En el oficialismo admiten que las modificaciones iniciales “desordenaron” los acuerdos y que el Congreso será la mesa donde se definan las correcciones finales al Presupuesto 2027.
Con los tiempos parlamentarios ajustados y la presión de organizaciones, prestadores y universidades, el debate presupuestario se perfila como uno de los ejes centrales de la agenda política de las próximas semanas. La Casa Rosada apuesta a llegar a la sanción con un texto que combine su hoja de ruta fiscal con concesiones puntuales en áreas sensibles, mientras la oposición aliada intenta capitalizar su rol de bisagra para introducir cambios y marcar distancia del costo social del ajuste.
