Méndez avanza en una ofensiva judicial por las canchas de sintético
NewsITe
La presidenta de Deportivo Español, María Sol Méndez, confirmó que la institución iniciará acciones judiciales contra Ricardo Caruso Lombardi y otros involucrados por un contrato que otorgaba, hasta 2036, la explotación de dos canchas de césped sintético a un tercero vinculado a la firma Zoe Capital, de Leonardo Cositorto. La dirigenta sostiene que el acuerdo es “totalmente irregular” y perjudicial para el club.
Según explicó Méndez, la maniobra salió a la luz a partir de una auditoría legal y contable ordenada por la nueva conducción. La revisión se dispuso porque, afirmó, las gestiones anteriores “no se caracterizaban por la transparencia” y no contaban con libros contables, de socios ni documentación básica para el funcionamiento de una asociación civil deportiva. Fue en ese contexto donde se detectó el polémico contrato de concesión de las canchas.
De acuerdo con la versión de la presidenta, el convenio cedía la explotación de las dos canchas de sintético hasta 2036, dejando al Deportivo Español con solo una hora diaria de uso y el cobro de un canon de apenas un millón de pesos anuales. Ese monto, además, habría sido cobrado por adelantado hasta 2028, lo que, a juicio de la dirigencia actual, deja al club atado a un esquema económico “leonino” y sin herramientas para renegociar condiciones.
Un contrato cuestionado y posibles delitos
Méndez detalló que el contrato fue suscripto en tiempos en que Caruso Lombardi se desempeñaba como manager deportivo del fútbol profesional del club. Para la actual conducción, la reacción pública del entrenador tras la rescisión del acuerdo —incluidas amenazas mediáticas— es una muestra de que sería parte interesada en el negocio junto a Uriel Videtta y al entramado de Zoe Capital, vinculado a Cositorto y al polémico proyecto Generación Zoe.
En ese sentido, la dirigencia evalúa impulsar imputaciones por presunta usurpación, estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y extorsión. El cuadro se agravaría porque, al momento de firmarse el contrato, el club no contaba aún con la autorización de la Ciudad de Buenos Aires sobre sus tierras, habilitación que, según Méndez, recién se obtuvo a fines de 2025. Esa situación podría dejar aún más expuesto el acuerdo cuestionado.
- Auditoría interna en marcha sobre gestiones anteriores.
- Contrato de concesión hasta 2036 considerado lesivo para el club.
- Vínculos con Generación Zoe y Leonardo Cositorto en la mira.
- Posibles delitos: usurpación, estafa y administración fraudulenta, entre otros.
“Tenemos argumentos de sobra para demostrar que lo que se firmó es totalmente irregular”, afirmó María Sol Méndez, presidenta de Deportivo Español.
Méndez señaló que actualmente se transita una instancia de negociación en la que el club decidió plantarse con firmeza para defender su patrimonio y recuperar el control pleno de las canchas. La causa, que combina aristas deportivas, económicas y judiciales, promete seguir sumando capítulos y pone una vez más bajo la lupa los manejos dirigenciales en el fútbol argentino.
