Indagatoria a “Gordo Dan” por denuncia del diputado Paulón

La Justicia porteña avanza en una causa por incitación al odio

El influencer 'Gordo Dan' y su situación judicial en CABA

NewsITe

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires citó a declaración indagatoria al influencer libertario Daniel “Gordo Dan” Parisini y a su colega Mariano Pérez, en el marco de una causa por presunta incitación a la violencia y a la discriminación. El expediente se inició a partir de una denuncia promovida por el diputado nacional socialista Esteban Paulón, quien afirmó haber sido blanco de una campaña de agravios en redes sociales y en un programa de streaming.

La investigación está a cargo de la fiscal porteña Celsa Ramírez, responsable de la fiscalía especializada en Investigaciones Complejas. Según trascendió de fuentes judiciales, ambos imputados se presentaron ante el Ministerio Público pero optaron por no responder preguntas y presentaron un escrito, en el que fijaron su postura frente a los hechos investigados.

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Aun así, Ramírez dictó una medida de restricción de contacto recíproco entre el legislador y los influencers, que abarca tanto el plano físico como el virtual: mientras dure el proceso penal no podrá haber comunicación directa, ni personal ni a través de redes sociales u otros medios digitales. La decisión busca evitar una escalada del conflicto mientras se reúnen las pruebas que determinarán el rumbo de la causa.

Publicaciones, programa de streaming y acusaciones de estigmatización

El origen de la denuncia se remonta a publicaciones en redes sociales y a fragmentos del programa “La Misa”, emitido por el canal Carajo, donde –según la presentación judicial– se vinculó la orientación sexual de Paulón y su militancia por los derechos de la diversidad sexual con el abuso infantil y la pedofilia. En uno de los posteos cuestionados, incluso se habría difundido el mensaje “SIDA PARA VOS”, expresión que el diputado consideró de fuerte carga estigmatizante y discriminatoria.

Paulón, referente en materia de diversidad y derechos humanos, sostuvo que se trató de un ataque motivado por su condición de hombre gay y su rol político, y remarcó que los mensajes no pueden ser interpretados como una crítica legítima dentro del debate público. Aseguró que se configuró una falsa imputación de delito y un discurso de odio dirigido a un colectivo históricamente vulnerable.

“Me atacaron por ser gay, vinculándome con la pedofilia y el VIH. Lo denuncié. Ahora llegó el momento de que respondan por lo que hicieron”, señaló el diputado, al destacar que a su entender no se trata de opiniones amparadas por la libertad de expresión sino de imputaciones graves.

Repudio institucional y próximos pasos en el expediente

Antes de acudir formalmente a la Justicia, el legislador había enviado una carta documento a los influencers, exigiendo una rectificación pública. Al no obtener respuesta, llevó el tema al recinto de la Cámara de Diputados, donde relató el caso durante una sesión. Tras esa intervención, el canal Carajo volvió a difundir el fragmento de su discurso, reiterando los señalamientos que originaron la denuncia.

El episodio generó, en julio de 2025, un pronunciamiento de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja. A través de un dictamen suscripto por diputados de distintos bloques, el cuerpo expresó su rechazo a los mensajes dirigidos contra Paulón y los calificó como ofensivos, hostiles y contrarios a los estándares de respeto hacia las personas LGBTI+.

Con la unificación de las defensas de Parisini y Pérez, la fiscal Ramírez continuará en los próximos días con la toma de declaraciones testimoniales y la recolección de material probatorio –entre ellos capturas de redes, emisiones completas del programa y peritajes informáticos–. Una vez concluida esa etapa, deberá definir si existen elementos suficientes para formular una acusación formal o disponer el archivo del expediente.

El caso vuelve a poner en el centro del debate los límites entre la libertad de expresión, el discurso de odio y la responsabilidad de quienes generan contenidos en redes sociales y plataformas digitales, un terreno donde la jurisprudencia aún se encuentra en construcción y que cobra cada vez mayor relevancia en la escena política argentina.

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