El proyecto amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y contempla penas de hasta 20 años. También crea un Consejo de Seguridad Nacional y establece nuevas medidas para proteger los espacios aéreo y marítimo.
El presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer las penas contra personas y empresas que exploten recursos naturales sin autorización en las Islas Malvinas, sus espacios marítimos y la Plataforma Continental Argentina. El texto propone reemplazar la Ley 26.659 y extender las prohibiciones vigentes, que ya no quedarían limitadas a los hidrocarburos.
La propuesta abarca el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables. Las sanciones podrán alcanzar a proveedores, socios, accionistas y controlantes de las empresas involucradas y contemplan penas de hasta 20 años de prisión cuando las actividades afecten recursos no renovables.
El esquema también establece multas que oscilarían entre el equivalente a 4.000 y 500.000 barriles de petróleo para infracciones relacionadas con recursos renovables. En el caso de los recursos no renovables, las sanciones económicas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles.
Las empresas sancionadas no podrán operar en Argentina
El proyecto establece que las compañías sancionadas quedarán inhabilitadas para desarrollar actividades económicas en Argentina. La medida contempla la revocación de habilitaciones, la pérdida de beneficios impositivos o previsionales y la rescisión de contratos.
La iniciativa también incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para los delitos contemplados dentro del nuevo régimen.
Además de las sanciones relacionadas con Malvinas, la propuesta modifica la Ley de Defensa Nacional e incorpora herramientas destinadas a proteger los espacios aéreo y marítimo. También introduce disposiciones sobre la influencia extranjera en la política argentina y otorga rango legal al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Otro de los puntos del proyecto es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente. Lo integrarán de manera permanente el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo podrá adoptar medidas urgentes ante una amenaza considerada grave e inminente. Entre las herramientas previstas aparecen la restricción de operaciones cambiarias y financieras, el bloqueo temporal de fondos y activos, la suspensión de autorizaciones o contrataciones y las restricciones sobre importaciones y exportaciones.
El Consejo también podrá disponer aumentos temporales de derechos aduaneros en esas circunstancias.
Uso de la fuerza en los espacios aéreo y marítimo
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional establece además un procedimiento para actuar frente a una aeronave considerada hostil. La secuencia contempla desde la identificación hasta, como último recurso, el uso de la fuerza mediante una orden expresa del Presidente o del ministro de Defensa.
El proyecto incluye disposiciones similares para el ámbito marítimo. En el caso de los buques, un eventual hundimiento requerirá la autorización del Presidente.
La propuesta también redefine la Defensa Nacional frente a amenazas externas provenientes de actores estatales y no estatales.
Otro apartado establece la prohibición de aportes a partidos y campañas políticas provenientes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras.
Finalmente, el proyecto incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento. El RePET contempla la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.
La iniciativa deberá ahora atravesar el debate legislativo en el Congreso.
