El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II

La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos. El peronismo la rechazó por vincularla con un esquema de blanqueo. También se sancionó el traspaso de la justicia de menores y competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires

En la sesión de este jueves, el Senado aprobó con 43 votos a favor la Ley de Inocencia Fiscal presentada por el Gobierno con el fin de captar dólares que aún los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero. La iniciativa fue aprobada por 43 a 23 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO; la UCR, y bloques provinciales.

El proyecto, que viene a suplantar su primera versión a solo ocho meses de haber sido aprobada, obtuvo 43 votos afirmativos, entre ellos el apoyo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto a los del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.

En contrapunto, fueron 23 los senadores que votaron negativamente, entre los que se encunetran los del bloque del peronismo, que se opuso porque entiende que el Gobierno sigue avanzando en un blanqueo constante. “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, expuso José Mayans, presidente del espacio.

La sanción del proyecto es un logro importante del oficialismo para recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.

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La reforma de la Ley de Inocencia Fiscal II, implica que el Gobierno busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal.

La iniciativa elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, ya que esta ley establecía que solo podían ingresar a ese régimen aquellos que tengan hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos.

Uno de los puntos claves es que los legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo, así como el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de ganancias.

El proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores adherir a este régimen.

La norma también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

El debate

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró por falta de confianza “los ciudadanos sacaron del circuito” sus ahorros en dólares y dijo que Argentina y Rusia son los países con “más dólares fuera del circuito financiero porque el Estado fue un enemigo del ahorro”.

“El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros”, agregó.

Y destacó que “hemos incorporado los resguardos para los funcionarios públicos; van a poder utilizar el mecanismo de la simplificación, pero no los beneficios, pero un funcionario no puede mentir en su primera declaración de bienes, y no podrán utilizar este mecanismo”.

Desde el peronismo, el senador José Mayans aseguró que la reforma de Inocencia Fiscal es “un desastre” como fue la ley aprobada en diciembre, y “es un precio a los evasores y los narcotraficantes”

“Esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción”, apuntó

El debate fue abierto por el libertario Bruno Olivera Lucero, quien aseguró que con este proyecto se busca lograr que la ciudadanía tenga confianza en que “no vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”.

“Durante muchos años, ser contribuyente era una condena. Los trataban a todos como evasores. Así trató el fisco a los contribuyentes durante el kirchnerismo”, aseveró.

Por su parte, el senador peronista Fernando Salino pidió ampliar la restricción al régimen simplificado para “personas políticamente expuestas”, una formulación que “es más amplia que funcionarios públicos, como dice ahora el proyecto”.

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La sesión

La sesión se abrió a las 11:23 con la presencia de quórum estricto de 37 senadores que fueron aportados por la Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Al comenzar la sesión, el peronismo recurrió a las cuestiones de privilegio para fustigar al presidente del Banco Central, Santiago Bausille, por el destino del oro de las reservas , mientras que desde el oficialismo se defendió al funcionario del BCRA.

Las acusaciones contra Bausille fueron formuladas por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria, y fueron rechazadas por el libertario Agustín Monteverde.

El radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, para que convoque al Congreso Pedagógico para buscar una solución a la situación de la educación, tras el bajo rendimiento de los alumnos en las evaluaciones PISA.

“Por eso vengo, a través de esta cuestión de privilegio, a solicitarle formalmente al Secretario de Educación, Carlos Torrendel, que en su carácter de autoridad del Consejo Federal de Educación, ponga en tratamiento la iniciativa que vengo impulsando desde hace tiempo: la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional”, expresó Abad.

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, comenzará el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto; además de la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

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