Rossi acusa al oficialismo de usar Malvinas para cambiar la Seguridad
El ex ministro de Defensa y actual diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, lanzó duras críticas contra el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno nacional, al que calificó como una “ley ómnibus” y una “trampa” destinada a modificar el sistema de Seguridad Nacional por vías indirectas.
Según el legislador, la iniciativa oficialista se presenta como una herramienta para sancionar a empresas que operen ilegalmente en las Islas Malvinas, pero en realidad incorpora cambios estructurales en materia de seguridad y defensa. Rossi advirtió que, bajo el paraguas de la cuestión Malvinas, se intenta forzar el tratamiento de múltiples temas sensibles en un mismo texto legislativo.
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el también ex jefe de Gabinete sostuvo que el proyecto configura “una vergüenza absoluta” y que el oficialismo busca condicionar el voto de los bloques opositores al mezclar la defensa de la soberanía con reformas profundas en el sistema de seguridad. Aunque aclaró que la bancada de Unión por la Patria aún debe fijar su postura formal, adelantó que ve con extrema preocupación el rumbo del debate.
Críticas al modelo de seguridad y al rol de las Fuerzas Armadas
Rossi señaló que el modelo de Seguridad Interior que impulsa el Gobierno toma como referencia a los Estados Unidos, un país “permanentemente en guerra” y con una realidad geopolítica muy distinta a la argentina. En ese sentido, consideró innecesaria la creación de una estructura permanente como el Consejo de Seguridad Nacional, cuando ya existe el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) para atender situaciones de emergencia.
Para el diputado, concentrar nuevas facultades en ese organismo implicaría una delegación de poder que se asemeja a “un estado de sitio preventivo”, al otorgarle atribuciones discrecionales en materia de seguridad. Además, remarcó que el proyecto habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en escenarios “no convencionales”, lo que, a su entender, vulnera la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional, pilares normativos de la democracia recuperada en 1983.
Registro de terrorismo, ley de derribos y libertad de expresión
Otro de los puntos objetados por Rossi es la reinstalación de la llamada Ley de Derribos, a la que definió como una forma de “pena de muerte sin juicio previo” para aeronaves sospechosas. También cuestionó la creación por ley de un Registro de Terrorismo, al advertir que ya existe una herramienta similar y que el cambio abre la puerta a un uso discrecional de la categoría de “terrorista” sobre organizaciones y hasta sobre hechos aislados.
El dirigente peronista alertó, además, sobre un artículo que, a su juicio, avanza sobre la libertad de prensa al habilitar sanciones contra quienes desarrollen campañas de “desprestigio” contra la Nación o contra el gobierno, sin precisar con claridad los criterios de aplicación. Para Rossi, ese tipo de formulaciones ambiguas genera un riesgo de censura indirecta y condiciona el trabajo periodístico y el debate público.
- Denuncia una “ley ómnibus” que mezcla Malvinas con reformas de seguridad.
- Cuestiona la creación de un Consejo de Seguridad Nacional permanente.
- Advierte sobre la intervención militar en situaciones internas “no convencionales”.
- Rechaza la Ley de Derribos y el nuevo Registro de Terrorismo.
- Alerta por posibles restricciones a la libertad de expresión y de prensa.
“La jerarquización de los temas en este proyecto es sumamente extraña”, afirmó Rossi, tras señalar que incluso se incluye un artículo con nombre y apellido para impedir que el consultor español Antoni Gutiérrez Rubí vuelva a trabajar en el país.
El debate parlamentario sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional se anticipa intenso. Mientras el oficialismo busca avanzar con un paquete amplio de reformas bajo el paraguas de Malvinas, sectores de la oposición, como Rossi, reclaman un tratamiento específico para cada cambio estructural en materia de defensa y seguridad, con el objetivo de evitar lo que consideran un avance discrecional sobre atribuciones del Congreso, las Fuerzas Armadas y los derechos y garantías de la ciudadanía.
